Los fiscales del 'procés' se niegan a amnistiar la malversación de Puigdemont

Empiezan a llegar las primeras reacciones de la judicatura en relación con la ya oficial ley de amnistía. Si bien esta misma mañana el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, ya ha anunciado que mantenía la orden de detención contra Carles Puigdemont, pese a la entrada en vigor de la ley de gracia; ahora han sido dos de los fiscales del TS, los que participaron en el juicio contra los líderes independentistas, quienes han anunciado ante el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, su negativa a amnistiar la malversación que se le atribuye al expresidente catalán. 

Al parecer de los fiscales Javier Zaragoza y Jaime Moreno, Carles Puigdemont sí tuvo ánimo de lucro y afectó a los intereses financieros de la UE.

Los fiscales mantienen su postura

No obstante, ambos representantes del ministerio fiscal han dejado claro que este criterio lo comparten con sus otros dos compañeros, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena, que también asistieron al juicio del procés. Así las cosas, los cuatro fiscales han ratificado la postura que ya habían avanzado a finales de mayo, en un documento que entregaron al fiscal general García Ortiz, tras la reunión que mantuvieron ante la aprobación de la norma de gracia. 

No obstante, en el encuentro de este martes, el fiscal general del Estado les ha pedido a los cuatro fiscales que redacten un informe procesal que responda específicamente a las cuestiones planteadas por el Supremo, al entender que el documento que elaboraron hace dos semanas aborda en general la ley de amnistía y no, el caso concreto de la malversación que se le atribuye a Puigdemont. 

El fiscal general tiene la última palabra

Así, los cuatro fiscales del procés están dispuestos a mantener su criterio y no dudarán en invocar el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para elevar el asunto a la Junta de Fiscales, si García Ortiz no acepta su postura. No obstante, el fiscal general tiene el poder de hacer valer su criterio y, por lo tanto, tiene la última palabra en este asunto. 

Este debate en la Fiscalía tiene lugar después de que este mismo martes el juez Pablo Llarena haya dado cinco días al Ministerio Público, a Vox --que ejerce la acusación popular-- y a las defensas para que informen sobre si ven pertinente aplicar o no la amnistía a los hechos que se le atribuyen a los encausados.

Llarena ha preguntado a las partes, incluidos los cuatro fiscales, si la malversación que se le atribuye a Puigdemont y a los otros encausados afectó a los intereses financieros de la Unión Europea (UE) y, por ende, quedaría excluida de la amnistía.

Los cuatro fiscales lo tienen claro

En este sentido, los cuatro fiscales del procés, en el documento que ya entregaron el pasado 30 de mayo, defendieron que el expresidente sí tuvo ánimo de lucro y que afectó a los intereses financieros de la UE y que, por ende, dichos actos quedarían fuera de la amnistía porque así lo fija la propia ley. A su juicio, Puigdemont y otros 6 dirigentes del procés destinaron fondos públicos "a fines inconstitucionales para conseguir sus propósitos".

No obstante, los fiscales aseguraron que sí sería posible aplicar la amnistía a los delitos de desobediencia y de desórdenes públicos que se circunscriben a la misma causa.