El juez Llarena mantiene la orden de detención contra Puigdemont

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, mantiene la orden de detención contra el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont pese a la entrada en vigor de la ley de amnistía. En una providencia dictada este martes, ordena que se comunique a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que la orden dictada en enero del año pasado sigue activa.

También, añade el juez Llarena, las que pesan sobre los prófugos Antoni Comín, Lluis Puig y Marta Rovira, “por lo que deben proceder a su cumplimiento mientras esas decisiones no sean judicialmente modificadas o revocadas”. 

En la misma providencia, el magistrado da un plazo de cinco días a las partes para que informen sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la ley de amnistía, en vigor desde este martes, sobre los hechos que se atribuyen a estos cuatro encausados y sobre la pertinencia de mantener o modificar las medidas cautelares acordadas contra ellos.

El tribunal del 'procés'

En paralelo, el tribunal de la Sala de lo Penal que juzgó la causa del procés ha dictado hoy otra providencia para que las partes implicadas en los procedimientos contra Oriol Junqueras, Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa formulen las pertinentes alegaciones. Por el momento, mantiene las penas de inhabilitación que pesan sobre ellos como consecuencia de sus respectivas condenas por malversación y desobediencia.

Para ello, en un plazo de cinco días, las partes tendrán que presentar un informe en el que indiquen si los hechos por los que fueron condenados quedan comprendidos en esta nueva norma. Sin embargo, el tribunal recuerda que “sólo podrá entenderse amnistiado un acto determinante de responsabilidad penal cuando así haya sido declarado por resolución firme dictada por el órgano competente para ello con arreglo a los preceptos de esta ley”.

La causa de 'Tsunami Democratic'

Por su parte, la magistrada Susana Polo, instructora del caso Tsunami Democratic también ha emitido una providencia en la que da traslado a las partes personadas por término máximo de diez días para que “informen sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la norma, conforme a los artículos 1 y 2 de la ley, a los hechos que se atribuyen a los investigados Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg”.