Agentes de los Mossos d’Esquadra desamparados ante los tribunales por la falta de asistencia desde los servicios jurídicos de la Generalitat. Otros que llevan desde octubre sin cobrar las horas extra. Unidades sin personal y sin recursos, al borde del colapso. Y la controvertida convocatoria de la nueva plaza de Major como guinda del pastel.
Los sindicatos SAP-FEPOL, CCOO y SME-FEPOL ya no saben cómo decirlo: "El cuerpo no puede más". "El malestar de los agentes empieza a ser insostenible", aseguran. "Los índices de criminalidad hablan por sí solos y aquí los 'alarmistas' somos nosotros". Este cóctel molotov ha llevado a las tres fuerzas sindicales a convocar varias movilizaciones. De hecho, el pasado jueves, una cincuentena de agentes cortaron la Diagonal en una segunda jornada de protestas donde los portavoces sindicales ya advirtieron de que "serían constantes".
Los agentes que se han manifestado a su paso por la avenida Diagonal
Horas después, sin obtener respuesta alguna de la conselleria de Interior, un nuevo tiroteo hacía temblar el barrio de La Mina de Sant Adrià de Besós (Barcelona).
Agentes ‘vendidos’ en La Mina
Los hechos sucedieron alrededor de la 1:30 h de la madrugada, cuando una decena de disparos sacudieron la ilusoria calma nocturna del barrio de La Mina. Los hechos se registraron en los aledaños de la calle Saturno, a escasos 20 metros de un indicativo de los Mossos d’Esquadra.
Una escena que se ha sumado al malestar más que evidente de los agentes del cuerpo. Así son las cosas, fuentes policiales han explicado a Crónica Global que los clanes campan impunes por el barrio y los agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USC) sienten que "están vendidos" y en "en el ojo de mira" de estos delincuentes que, en menos de una semana, han protagonizado dos tiroteos a plena luz del día.
El barrio de La Mina de noche
En este sentido, las fuentes consultadas reclaman más presencia de agentes antidisturbios de la ARRO y la BRIMO en las zonas más conflictivas antes de que “cualquier día nos ocurra algo a nosotros o a cualquier vecino inocente”. Además de los reclamos históricos, como la incorporación de más pistolas eléctricas.
Abandonados en los juzgados
Sin embargo, el malestar de los agentes de la USC que patrullan por La Mina sólo supone uno de los muchos problemas que SAP-FEPOL, CCOO y SME-FEPOL llevan advirtiendo desde hace meses. Pues cabe recordar que muchos agentes han sido víctimas, durante la última legislatura de ERC, del desamparo de los servicios jurídicos de la Generalitat por no cumplir con los requisitos mínimos para poder recibir esta asistencia, incluso tratándose de agentes que han sido víctimas de agresiones.
SAP y SME lamentan que, "en la actualidad, tenemos varios casos en los que el Govern de la Generalitat ha dejado tirados judicialmente a sus propios funcionarios", a pesar de estar obligados a prestar este servicio, sin tener en cuenta la gravedad de la agresión. Siendo los principales damnificados los agentes que se dedican al orden público.
Se trata, denuncian los sindicatos, de las secuelas del pacto sellado entre ERC y la CUP en 2021, donde se acordó que la Generalitat dejaría de personarse como acusación contra manifestantes de movilizaciones sociales y políticas. Especialmente, en causas relacionadas con las manifestaciones a favor del procés. Este acuerdo formaba parte de la negociación entre ambas formaciones para investir a Pere Aragonès.
Olvidados en las prisiones
Paralelamente, los agentes que se dedican al traslado de internos desde las distintas prisiones catalanas también lamentan el abandono de la Dirección General de Policía (DGP). "Nadie se acuerda de los agentes del Área Penitenciaria", lamentan fuentes sindicales. "No invierten en nuestra unidad y, a pesar de que disponemos de una nueva flota de vehículos, éstos no están habilitados a nuestro trabajo", aseguran.
Imagen de una ambulancia del SEM y un vehículo policial en la prisión de Quatre Camins (La Roca del Vallès, Barcelona)
Y es que, según las fuentes consultadas, "lo ideal es que en los traslados de los internos más conflictivos vayan tres agentes, lo que es imposible, porque los coches policiales no tienen mamparas habilitadas para que podamos viajar tres policías con el interno". Asimismo, lamentan, es una de las áreas donde hay más necesidad de incorporar agentes: "Tiramos con agentes de seguridad ciudadana, dejando sus puestos de trabajo abandonados para que puedan cubrir otros servicios ajenos a lo que deberían ser sus competencias".
La guinda del pastel
Para rematar, lamentan los sindicatos consultados, la guinda del pastel llegó después de que la Consejería de Interior oficializara la convocatoria para crear una nueva plaza de Major -máximo rango del cuerpo-, a las puertas de las elecciones catalanas del 12 de mayo. Para los sindicatos policiales se trata de una plaza "a medida" para blindar al actual comisario jefe del cuerpo, Eduard Sallent, ante el caso de un giro en el Ejecutivo catalán tras los próximos comicios.
De hecho, SAP-Fepol, SME-Fepol y USPAC ya han llevado el asunto a los tribunales por la vía contencioso-administrativa, al entender que el proceso no se ha hecho con transparencia.
El director general de Mossos, Pere Ferrer (i), y el comisario jefe, Eduard Sallent (d), a su llegada a la estación
Los sindicatos no entienden por qué, ante el "escenario político" que atraviesa Cataluña, Interior no espera a que sea el nuevo Gobierno el que convoque esta plaza. Voces consultadas señalan que este "movimiento extraño" responde a la voluntad de dejar como máximo responsable del cuerpo a "alguien de su cuerda" -como lo es Sallent-, y que dista mucho del, hasta ahora, único Major del cuerpo: Josep Lluís Trapero.
Horas extra sin pagar
Con todo, cabe recordar que el hartazgo del cuerpo, especialmente de las bases, ha provocado que los sindicatos SAP-FEPOL, CCOO y SME-FEPOL salgan a la calle, convocando varias jornadas de protesta para denunciar la gestión de la Generalitat, en especial, de la conselleria de Interior. Además de lo anteriormente citado, los representantes sindicales reclaman los pagos salariales atrasados, además de mejoras en sus condiciones de trabajo y la equiparación de su jornada laboral con los Bomberos de la Generalitat, de 35 horas semanales.
En medio del caos que se está viviendo en las prisiones catalanas, a Pere Aragonés se le abre un nuevo frente. Ahora con su policía, la de la Generalitat, cuyos agentes y sindicatos no están precisamente contentos con la gestión de esta última legislatura.
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