Otro jardín para Aragonès: los sindicatos de Mossos cargan contra el “abandono” de la Generalitat

En el trascurso de un desahucio en la zona norte de Barcelona, un agente de orden público, perteneciente al Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) de los Mossos d’Esquadra, fue agredido por una de las personas que se detuvo en el marco del dispositivo. El investigado mordió con fuerza al policía, en un intento de escabullirse de la maniobra de arresto. El agente, aunque no tuvo que solicitar la baja médica, denunció los hechos y pidió asistencia jurídica al departamento de asesoría de la Dirección General de la Policía (DGP).

Su sorpresa llegó cuando, pocos días antes de una primera comparecencia -fijada para el pasado 8 de febrero-, el Departamento de Asesoría Jurídica de la DGP informó al agente que se le había denegado la solicitud. Es decir, no recibiría ningún tipo de asistencia jurídica por parte de la Administración. Se justificaron alegando que los hechos “no cumplían con los requisitos para poder otorgar la defensa por parte de los Servicios Jurídicos de la Generalitat”.

Los sindicatos alzan la voz

Este caso ha despertado, de nuevo, el malestar de los sindicatos policiales que lamentan, una vez más, la falta de asistencia jurídica a los agentes agredidos. El Sindicato Autónomo de Policía (SAP-FEPOL) y el Sindicato de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) denuncian que el Departamento de Interior ha denegado apoyo jurídico a varios agentes que "en el ejercicio de sus funciones, fueron víctimas de los delitos de atentado, resistencia y lesiones". Entre ellos, al lesionado en el citado desahucio.

Los sindicatos señalan que la normativa actual hace que los agentes tengan derecho a "defensa jurídica" cuando han sufrido una agresión. Sin embargo, "en la actualidad, tenemos varios casos en los que el Govern de la Generalitat ha dejado tirados judicialmente a sus propios funcionarios". De hecho, los portavoces sindicales insisten en que desde el Ejecutivo están obligados a prestar este servicio, sin tener en cuenta la gravedad de la agresión, siendo los principales damnificados los agentes que se dedican al orden público.

Agentes de la Brimo durante un dispositivo de orden público en Barcelona Gala Espín

Atender a todos los agentes, sin excepciones

Por todo ello, los portavoces de SAP-Fepol y SME ya pidieron el pasado mes de septiembre a Interior que cumpliera con la legislación para garantizar la defensa jurídica de todos los agentes que lo reclamen, sin excepciones.

Pese a eso, denuncian que "de forma cobarde y por la puerta trasera, el Govern está dejando en la estacada a los mossos agredidos", y añaden que en algunos casos se les ha comunicado la denegación de la asistencia jurídica de forma "verbal" y no por escrito.  Es más, lamentan que "el agente de la ARRO agredido en el desahucio en la zona norte de Barcelona tiene pendiente otra causa y en este caso la Administración ni ha contestado su petición". 

Además, los representantes sindicales aseguran que se hace distinción entre las lesiones sufridas. Incluso entre los colectivos afectados: “¿Qué pasaría si la persona agredida fuese un profesor? ¿Tampoco defenderían al profesor?”, se preguntan. Entienden que, en este hipotético caso, los Servicios Jurídicos de la Generalitat asistirían al funcionario “independientemente del tipo de lesión y de su gravedad”, denuncian.

Los sindicatos lo consideran un "maltrato"

El Director General de la Policía, Pere Ferrer (izq) y el 'conseller' de Interior, Joan Ignasi Elena (dcha) SAP- FEPOL

Por eso, desde ambos sindicatos observan perplejos “el maltrato al que nos está sometiendo un Govern que, por cuestiones puramente políticas, no garantiza la defensa jurídica a unos profesionales que han sido lesionados en el ejercicio de sus funciones. Desde el SAP y desde el SME consideramos gravísima esta situación, porque afecta de forma flagrante al servicio de seguridad pública de Cataluña". En este sentido, instan a las administraciones a "asumir sus obligaciones".

Concretamente, se dirigen a la Dirección General de la Policía, al Departamento de Interior y al Govern de la Generalitat para que cumplan con las obligaciones que marca la ley o, en caso contrario, “asumir las responsabilidades políticas que se deriven”.

Nuevo varapalo para Aragonès

Lamentablemente, no se trata de un caso aislado. En noviembre de 2021 se suspendió un juicio en la Audiencia de Barcelona contra siete manifestantes independentistas acusados de presuntos desórdenes públicos, atentado y lesiones después de que el abogado de la Generalitat decidiera retirarse como acusación particular, dejando sin defensa a los agentes afectados.

Los sindicatos creen que se trata de las secuelas del pacto sellado entre ERC y la CUP en 2021, donde se acordó que la Generalitat dejaría de personarse como acusación contra manifestantes de movilizaciones sociales y políticas. Especialmente, en causas relacionadas con las manifestaciones a favor del procés. Este acuerdo formaba parte de la negociación entre ambas formaciones para investir a Pere Aragonès. 

Ahora, sin embargo, este pacto se traduce en un nuevo varapalo para la campaña electoral de ERC que, al caos por las protestas de los funcionarios de prisiones, se le suma el descontento de los sindicatos policiales que se sienten, una vez más, "abandonados y desamparados" por el Govern y la consellería de Interior.