Societat Civil Catalana (SCC) ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que investigue al candidato de Junts per Catalunya en las elecciones autonómicas del 12 de mayo, el fugado Carles Puigdemont, por los delitos de malversación de caudales públicos con enriquecimiento personal y blanqueo de capitales en la causa sobre la plataforma ultranacionalista Tsunami Democràtic.

El pasado febrero, el Supremo abrió una causa penal contra Puigdemont y el diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg -ambos huidos de la justicia en el extranjero- al apreciar indicios de terrorismo. El alto tribunal aseguró entonces que hay varios indicios que acreditarían la participación del expresidente de la Generalitat y actual líder de Junts en los hechos investigados.

SCC explica en un comunicado que se ha dirigido a la Sala de lo Penal del alto tribunal como acusación popular para instar a que se investigue a Puigdemont "a la máxima urgencia, dado su potencial delictivo", aludiendo al pago en criptomonedas que habría recibido en su cuenta personal de Ethereum a través del protocolo conocido como Tornado Cash en diciembre de 2021.

Criptomonedas y Tornado Cash

"Este mezclador de criptomonedas, que envía la transferencia al destinatario sin que se sepa el origen del dinero, es una herramienta para blanquear dinero. De hecho, esta plataforma fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por permitir el lavado de dinero", sostiene SCC.

En esta línea, asegura que "la recepción de una transferencia en la criptomoneda ether en la cuenta personal de Puigdemont a través de una herramienta tan cuestionada como Tornado Cash podría evidenciar -en caso de demostrarse el desvío de dinero público para financiar Tsunami Democràtic- un acto de apropiación de fondos públicos con ánimo de lucro personal".

Rastro del dinero

El bufete Chapapría-Navarro & Asociados, que representa los a SCC, considera que el uso de esta plataforma "podría implicar una intención de ocultar o encubrir el origen de los fondos, sugiriendo que éstos podrían proceder de actividades delictivas previas, lo cual constituiría un acto de blanqueo de capitales".

"Precisamente para seguir el rastro de los criptoactivos y prevenir el blanqueo de dinero, el Parlamento Europeo ha aprobado el primer texto legislativo de la UE para asegurar la trazabilidad de las transferencias", señala el comunicado.

Sospechas sobre la 'trama rusa' del procés

SCC asegura que trabaja desde hace más de un año "en un proyecto de investigación para rastrear la injerencia rusa en el proceso separatista catalán".

La entidad constitucionalista, personada desde 2020 en la investigación del caso Voloh sobre el presunto desvío de fondos públicos para el procés, añade que "de la instrucción de una de las piezas separadas del caso, que investiga los contactos del independentismo con el Kremlin, se desprenden indicios de que el entorno de Puigdemont trabajó para desarrollar una legislación propia sobre las criptomonedas adecuada a los intereses rusos".

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