La oposición aprieta a la 'consellera' de Justicia y exige que dimita por el caos en las cárceles

Las protestas de los funcionarios de prisiones tras el asesinato de Núria, la cocinera de Mas d’Enric (Tarragona) a manos de un interno, se han desplazado hasta el Parlament de Cataluña, donde este jueves ha comparecido la consellera de Justicia, Gemma Ubasart. Lo ha hecho con el sonido de fondo de las bocinas y las voces de la plantilla de funcionarios, que se manifestaba fuera de la Cámara catalana y que la recibió al grito de “¡asesina!, ¡asesina!”.

Tras una intervención de la máxima responsable de Justicia, que una vez más se ha negado a dejar su asiento a pesar de el requisito de los funcionarios para cesar en sus protestas, la oposición ha apretado a Ubasart y le ha pedido que se vaya. “Puede existir un único punto de luz en esta crisis, que debería empezar hoy con su dimisión”, ha expresado Francesc de Dalmases, diputado de Junts, que ha afeado a la consejera que, ocho días después del crimen, no se haya asumido ningún tipo de responsabilidad.

La 'consellera' de Justicia, Gemma Ubasart, comparece en el Parlament tras el asesinato de Núria

Una crisis “inédita”

El neoconvergente ha tildado la intervención de Ubasart de “decepcionante” y la ha acusado de provocar una crisis “inédita” entre la plantilla de los trabajadores penitenciarios, que se ha movilizado en masa no para pedir mejoras laborales, sino “seguridad” en sus puestos de trabajo. 

Un concepto que, según Dalmases, el Departamento de Justicia no ha usado en todo su mandato hasta la comparecencia de la consellera esta mañana, vistas los datos de agresiones a funcionarios del último año, los más altos de la historia: “En siete años se han triplicado, alcanzando una cifra nunca vista”. Así las cosas, el diputado de Junts ha reiterado que lo sucedido en Mas d’Enric no es una preocupación “sobrevenida”, sino una problemática que el sector arrastra desde mucho tiempo atrás. 

Piden a Aragonès que los cese

“El vaso estaba lleno y esta muerte lo ha hecho rebasar”, ha apuntalado en la misma línea el diputado de Ciudadanos Carlos Carrizosa, que ha pedido tanto a Ubasart como a su número dos, el secretario de Medidas Penales, Amand Calderó, que asuman su responsabilidad para revertir la situación que atraviesan las prisiones.

“El modelo no está funcionando en cuanto a la violencia, que ha dejado ya una muerte”, ha expresado Carrizosa, que ha acusado al Govern de “desinterés” en lo referente a las medidas de protección de los trabajadores.

“La deficiente gestión de ambos es inexcusable e intolerable”, le ha espetado el diputado a Ubasart y Calderó: “Si se van, Aragonès estará incurriendo en una dejación de sus funciones, pues es el responsable último de la población penitenciaria”.

“Dos lenguajes diferentes”

Desde el PSC, el diputado Ferran Pedret i Santos ha denunciado que la gestión de la crisis abierta por el crimen de Núria es “incomprensible e ininteligible” tanto para los funcionarios como para los observadores, que han expresado su preocupación por la situación actual en las prisiones catalanas. Desde el punto de vista de la asunción de responsabilidades, han echado en cara desde el PSC, Ubasart no ha ofrecido “nada” en su intervención de este jueves.

No sólo eso, sino que, según Pedret, los sindicatos y ella “hablan dos lenguajes diferentes”: mientras que ellos solicitan que se asuman responsabilidades y piden seguridad, ella dirige el grueso de su discurso a ofrecer medidas estructurales que ya estaban previstas, encaminadas o en estudio: “Algunas de ellas ya conocidas por los funcionarios en muchas ocasiones, sin ser concretadas en años”. 

Fernández denuncia negligencias

Alejandro Fernández, el actual presidente del PP catalán en representación del Grupo Mixto, ha acusado a Ubasart de numerosas negligencias en su gestión. “Este crimen es sólo la punta del iceberg del infierno que viven desde hace años los funcionarios”, ha expuesto, pues los sindicatos hace años que advierten de una oleada de violencia en las prisiones. Sólo el año pasado, ha recordado, hubo 582 agresiones a funcionarios, una cifra que se ha disparado en un 285% desde 2016.