El TSJC plantea aplazar el juicio a dirigentes de ERC por el referéndum ilegal para no "interferir" en las elecciones

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha pedido a las partes del juicio a los dirigentes de ERC Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y Natàlia Garriga por la organización referéndum ilegal de secesión del 1-O -cuyo inicio está previsto el 10 de abril- que se posicionen sobre si debe aplazarse la vista para evitar supuestas "interferencias" en las elecciones autonómicas del 12 de mayo.



En una providencia cuyo ponente ha sido el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, el magistrado insta a todas las partes a exponer, en un plazo máximo de dos días, su criterio sobre la conveniencia de aplazar el inicio de las sesiones, para que su desarrollo no coincida con la campaña electoral.

Acusados de malversación, prevaricación y desobediencia

La campaña de las elecciones autonómicas de Cataluña se desarrollará del 26 de abril al 10 de mayo, por lo que coincidiría con varias sesiones del juicio a Garriga -actual consellera de Cultura de la Generalitat-, Lluís Salvadó -actual presidente del Puerto de Barcelona- y Jové -diputado en el Parlament-, todos ellos acusados de malversación, prevaricación y desobediencia por su papel en el referéndum ilegal y unilateral secesionista del 1 de octubre de 2017. Una causa que podría verse afectada, además, por la ley de amnistía del procés aprobada en el Congreso con los votos a favor de PSOE, Sumar y sus socios parlamentarios secesionistas.



Según el TSJC, el aplazamiento del juicio intentaría evitar que se produzcan "interferencias recíprocas entre el proceso electoral democrático y el necesario sosiego que debe presidir la celebración del juicio oral", así como garantizar en la medida de lo posible "la plenitud del ejercicio de todos los derechos en juego".



En la misma providencia, el TSJC también ha remitido a las partes los escritos interpuestos por las defensas de Lluís Salvadó y Natàlia Garriga pidiendo la suspensión del juicio por la tramitación de la ley de impunidad del procés secesionista de Cataluña, que podría afectar a esta causa vinculada al 1-O.