La Comisión de Venecia cuestiona la urgencia del Gobierno con la amnistía y avisa: no debe diseñarse para "individuos concretos"

La Comisión de Venecia ha avisado, en un informe preliminar pendiente de ser ratificado, que los criterios de la ley de amnistía del Gobierno español "no deben diseñarse para cubrir a individuos concretos", al tiempo que cuestiona el procedimiento de urgencia de la norma "dadas las consecuencias de largo alcance y la naturaleza a menudo controvertida de dichas leyes".

Fuentes del Consejo de Europa han señalado además que todavía no hay ningún informe definitivo. De esta forma, el texto preliminar se someterá a debate los próximos 15 y 16 de marzo, donde se prevé que habrá discusión y posibles cambios vía enmiendas. De tal forma, el documento definitivo se deberá aprobar en el plenario.

Dicho informe preliminar señala que "no hay ningún problema de separación de poderes" mientras "la decisión sobre la amnistía es adoptada por el juez sobre la base de los criterios generales contenidos" en la ley.

"Deben ajustarse a la Constitución"

La Comisión de Venecia señala que las amnistías "deben ajustarse a la Constitución" y que el control de constitucionalidad "se realizará a través de los órganos y procedimientos previstos el derecho internacional, en particular el derecho de los derechos humanos".

En este sentido, deja claro que la cuestión de constitucionalidad debe resolverla el Tribunal Constitucional y que la Comisión no es competente al respecto. Además, no entra a evaluar su compatibilidad con el derecho de la Unión Europea.

Cuestiona la vía de urgencia

La Comisión de Venecia expone que las amnistías "suelen estar motivadas por razones de reconciliación social y política", que son "objetivos legítimos", pero a los que debe seguir un procedimiento que "debe inspirarse en la inclusión, la participación, un calendario adecuado y debates públicos".

Por tanto, entiende que la tramitación de la ley de amnistía no es apropiada realizarla por la vía de urgencia -en contra de lo que ha hecho el Gobierno español en el Congreso- "dadas las consecuencias de largo alcance y la naturaleza a menudo controvertida de dichas leyes".

Rechazo a la impunidad a la carta

La Comisión de Venecia también advierte de que las amnistías no deben concebirse a la medida de unos individuos concretos: "Dado que las amnistías son medidas impersonales que se aplican a todas las personas o a determinadas clases de personas, los criterios no deben diseñarse para cubrir a individuos concretos".

"Las amnistías deben perseguir un objetivo legítimo en interés de la comunidad", recalca, al tiempo que afirma que "la unidad nacional y la reconciliación social y política son objetivos legítimos de las amnistías". "En opinión de la Comisión, la proporcionalidad exige que, en cada caso concreto, la amnistía propuesta sea un medio adecuado para lograr en última instancia la unidad y la reconciliación", destaca.

Además, avisa sobre las comisiones de investigaciones a jueces en sede parlamentaria que a éstos no se les puede exigir que informen sobre el fondo de los casos que han decidido "a nadie ajeno al Poder Judicial".

Opacidad y división

Por último, la Comisión de Venecia observa que el proyecto de ley de amnistía se ha presentado con "una consulta limitada del público, de las partes interesadas y de otras instituciones del Estado", suscitando "una profunda y virulenta división en la clase política, en las instituciones, en las autoridades españolas y en la sociedad".

Por ello, la Comisión anima a tomar "el tiempo necesario para entablar un diálogo significativo en un espíritu de cooperación leal entre las instituciones del Estado" y la oposición "con el fin de lograr la reconciliación social y política".

Acotar las condiciones

La Comisión de Venecia, asimismo, hace tres recomendaciones en cuanto al ámbito material y temporal de aplicación del proyecto de ley de amnistía. Por un lado, recomienda definir "de forma más precisa el ámbito material y temporal" de aplicación de la norma, "para hacer más previsibles los efectos de la ley". Dice que la amnistía debe atenerse a la seguridad jurídica, "ya que de lo contrario socavaría la confianza pública en la observancia y el respeto de la Constitución y la ley".

De hecho, la Comisión subraya que la ley "deberá ser interpretada y aplicada por los jueces en cada caso para determinar si cada caso puede acogerse a la amnistía". "La falta de claridad y determinación de su ámbito de aplicación conlleva el riesgo de que surja un gran número de casos y controversias sobre la correcta aplicación de la ley", avisa. Y alerta de que "se corre el riesgo de trasladar los conflictos del ámbito político al judicial", algo que "no sería coherente con la finalidad de la amnistía como tal".

Riesgo de vulneración del principio de igualdad

En cuanto a la igualdad en la ley, el informe expone que considera que el vínculo entre "las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, su preparación o sus consecuencias" y los actos cubiertos por la amnistía no es "lo suficientemente fuerte" porque "la amnistía también podría cubrir a muchos ciudadanos que han cometido delitos ordinarios que poco o nada tienen que ver con las tensiones sociales que dieron lugar a la ley de amnistía".

"Esto haría cuestionable la justificación de los privilegios especiales y vulneraría el principio de igualdad con respecto a quienes han cometido los mismos delitos comunes por otros motivos o durante periodos diferentes, y no se benefician de la despenalización que supone la amnistía", dice la Comisión, que "reitera su recomendación de definir de manera más restrictiva y precisa el ámbito de aplicación de la amnistía".

Por otra parte, el borrador hace referencia a que en el proyecto de ley los actos tipificados como delitos de terrorismo -con salvedades adicionales- "sólo quedan excluidos de la amnistía si ha recaído sentencia firme". "Por lo general, la amnistía se aplica también a los procedimientos pendientes, por lo que el criterio de la fase del procedimiento" es "irrelevante", apunta.

Interpretación del Gobierno

A pesar de todas estas consideraciones, y de tratarse de un borrador preliminar pendiente de aprobarse, desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (PSOE), ha dado por hecho que la Comisión de Venecia ampara la norma y que "la amnistía es una herramienta para la reconciliación".

"Y además cumple con los estándares internaciones. Es impecable y es positiva", ha escrito el dirigente socialista en sus redes sociales.