Juristas claman contra la amnistía del 'procés': "Es un ejemplo palmario de corrupción política y jurídica"

"Ejemplo palmario de corrupción política y jurídica", "bodrio de ley" o "absolutamente inmoral". Con estos términos se han referido este martes varios juristas a la proposición de ley de amnistía del procés que el Gobierno de PSOE y Sumar ha pactado con sus socios parlamentarios secesionistas y que, advierten, no supera los filtros de la Constitución y tiene un difícil encaje en la Unión Europea.

Y por ese difícil encaje, los jueces que tengan que aplicar la impunidad a los mandatarios del procés podrán plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE. Algo que "comportaría la suspensión de la norma", según ha explicado la catedrática en Derecho constitucional y vicepresidenta de la Real Academia Europea de Doctores, Teresa Freixes, advirtiendo sobre las "consecuencias" si acaba siendo contraria al Derecho comunitario: "No se podría aplicar a nivel interno".

Freixes, que no descarta que España acabe siendo considerada un "incumplidor sistémico" en próximos informes de la UE sobre el Estado de derecho, ha sido una de las voces más críticas durante la presentación del libro La amnistía en España. Constitución y Estado de Derecho, acogido por la Fundación Carlos de Amberes y que ha tenido el aforo completo, con unos 200 asistentes.

Inconstitucionalidad

La obra, de la editorial Colex, recopila 78 textos de más de 60 autores -catedráticos, exmagistrados, fiscales y otros juristas- sobre la falta de constitucionalidad de la amnistía, y ha sido coordinada por el magistrado emérito del Tribunal Constitucional Manuel Aragón y los catedráticos Enrique Gimbernat y Agustín Ruiz.

Aragón y Gimbernat han advertido sin ambages sobre la inconstitucionalidad de la norma, impulsada por el PSOE y negociada con sus aliados parlamentarios de Junts y ERC. Según el primero, se trata de una ley "difícilmente compatible con el derecho de la Unión Europea", más aún teniendo en cuenta que su redacción "la imponen los propios amnistiables, que no están al servicio de intereses generales sino personales",

"Pago por la compra de votos"

Aragón ha considerado la ley un "pago por la compra de unos votos" para que el presidente del Gobierno se mantuviese "en el poder" y un "ejemplo palmario de corrupción política y jurídica".

En este sentido, Aragón ha apelado a la necesidad de respuesta de la sociedad, que "ha de reaccionar con todos los medios legales a su alcance".

"Bodrio"

En opinión de Gimbernat, se trata de un "bodrio" con argumentos "endebles" que "está prohibida constitucionalmente", y tampoco tendría cabida en otras Constituciones europeas ya que se amnistían delitos "cometidos por determinadas personas".

Por su parte, Elisa de la Nuez ha recordado que se trata de una ley elaborada con "mucha urgencia" y "a espaldas" de la comunidad jurídica y de los ciudadanos, con enmiendas para "solucionar el problema de un señor concreto" -en referencia al expresidente de la Generalitat fugado de la justicia, Carles Puigdemont-.

El periodista Juan Luis Cebrián ha calificado la ley de amnistía de "absolutamente inmoral", y el filósofo Fernando Savater ha apuntado "la reconciliación con el delincuente" pasa por aplicar la ley.

Freixes: "No tienen en cuenta a las víctimas"

Freixes ha recordado que a los posibles beneficiados por la ley de amnistía se les aplicó el Código Penal por la comisión de delitos, y no por su condición personal o por sus ideas.

Acto seguido, la catedrática ha reflexionado sobre la situación en la cual quedarán las víctimas de los delitos cometidos por los mandatarios secesionistas catalanes. "La ley de amnistía no tiene en cuenta a las víctimas de los delitos. ¿Qué hacemos con esas víctimas?", ha preguntando, recordando que la amnistía es contraria a los valores europeos y que no responde a los principios básicos de equidad.

Un mismo argumento que ha sido compartido por la abogada del Estado excedente y secretaria general de la fundación Hay Derecho, Elisa de la Nuez, que ha señalado que el objetivo que persigue la ley es llegar cuanto antes al Tribunal Constitucional (TC) porque el bloque progresista tiene mayoría en él y, previsiblemente, le daría su aval.