La Generalitat de Cataluña mantiene inalterable su elevado gasto identitario en plena crisis hídrica en la autonomía. El Govern secesionista ha anunciado este martes su propósito de abrir una nueva delegación política en Japón, con sede en Tokyo, en la segunda mitad de este 2024. Una iniciativa con la cual el Ejecutivo de ERC pretende intensificar sus "relaciones bilaterales" con el país asiático.
Así lo ha acordado el Govern este martes en su Consell Executiu, donde ha aprobado la quinta edición del llamado Pla Japó -"Plan Japón"-, que estructura las relaciones entre Cataluña y dicho país de 2024 a 2027 "con un marco estable y permanente", según informa en un comunicado.
Colaboración con el consulado japonés
El documento se presentará este viernes en la Generalitat en la reunión plenaria anual de su denominado Comitè Catalunya Japó, el órgano que elabora dicho plan, y más adelante también lo hará en Japón. En dicho informe se contempla, además, estrechar las relaciones con el consulado japonés en Barcelona a través de grupos de trabajo.
El Govern de ERC presume en su nota de que las "buenas relaciones" entre Japón y Cataluña "ya se demostraron" a finales de 2023 "en la visita de la consellera de Acción Exterior y UE, Meritxell Serret" -inhabilitada por desobediencia en el procés, y pendiente de que se resuelva su recurso-, al país nipón.
En dicho viaje de la política condenada, se anunció que el Govern firmará un acuerdo de colaboración bilateral con el Gobierno de Kyoto, que será el primero entre Cataluña y Japón, "por lo que Kyoto se convertirá en el principal socio de Cataluña en el país asiático".
108 millones de euros al año en Acción Exterior
Cabe recordar que el Govern de ERC aprobó destinar en sus Presupuestos de 2023 -aprobados con el apoyo del PSC- un total de 108 millones de euros anuales a su polémica Consejería de Acción Exterior. Un departamento que los dirigentes secesionistas consideran "la joya de la corona", según dijo el año pasado la consellera Serret, al contar con una notable carga ideológica. De ella penden la veintena de delegaciones políticas del Govern en el extranjero, que tienen un coste anual de unos 15 millones de euros.
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