El presidente de la ACA, denunciado por avalar la reducción de caudales en Cataluña por la sequía

Ecologistes de Catalunya ha denunciado este lunes al director de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) de la Generalitat de Cataluña, Samuel Reyes, ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Barcelona por "presuntos delitos contra el medio ambiente" al haber avalado, al frente de dicha entidad, el acuerdo del Govern del 16 de enero de reducir los caudales ecológicos de los ríos Muga, Ter y Llobregat una vez se declare la emergencia por sequía.

La denuncia pide al fiscal abrir diligencias de investigación penal contra Reyes como "responsable de la justificación de las medidas tomadas por el Govern, que suponen un riesgo potencial contra el medio ambiente".

La entidad recuerda que en el acuerdo del Govern de ERC se pedía establecer un régimen de caudales ecológicos "que mantenga, como mínimo, la vida piscícola que de forma habitual habite o pueda habitar en un río y su vegetación", y considera que con la reducción de caudales prevista no se garantiza esta preservación.

"Impacto gravísimo" en el ecosistema

La organización ecologista considera que, con todo ello, se ha "avalado el impacto gravísimo sobre estos espacios naturales de manera incomprensible", dado que además son espacios protegidos por la Xarxa Natura 2000.

El presidente de Ecologistes de Catalunya, Joan Vàzquez, ha apuntado este lunes en rueda de prensa que el acuerdo del Govern catalán supone "reducir de media un 92% los caudales de los ríos Muga, Llobregat y Ter", y ha explicado que con la denuncia quieren que Fiscalía investigue de oficio si se ha podido incurrir en algún delito contra el medio ambiente de los previstos en el Código Penal.

El acuerdo del Govern implica que, en el estado de emergencia, el río Muga reduciría su caudal de 1.200 a 40 litros por segundo; el Llobregat de 4.300 a 250; y el Ter de 5.500 a 600, y la entidad afirma que la suma de estas reducciones supone una reducción total del 92% de los caudales.

Ecologistes de Catalunya reclama al fiscal frenar el acuerdo, que solicite los informes "que demuestren que garantizarán la vida piscícola y de la vegetación", y que se dirija al Consell de Protecció de la Natura para saber si se debería informar de los efectos ambientales que pueden afectar a los tres espacios.