La 'exconsellera' de Salud declara ante el juez por el retraso en la vacunación a policías y guardias civiles

El titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona ha llamado a declarar voluntariamente como imputada a la exconsellera de Salud Alba Vergés este viernes para que aclare si hubo discriminación a la hora de vacunar contra el Covid-19 a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña.

El juzgado de instrucción concluyó que Vergés, que actualmente es aforada por ocupar el puesto de vicepresidenta primera del Parlament, tomó una decisión "discriminatoria" al solicitar que se suspendiese la vacunación de los agentes de los cuerpos policiales estatales por su "desprecio" a estos colectivos, mientras que se continuó suministrando el suero a los Mossos d'Esquadra.

Denuncia una "persecución política"

El partido de Vergés, ERC, ha confirmado que la exconsellera defenderá mañana su gestión ante el juez y denuncia una "persecución política" por parte de los sindicatos y asociaciones JUCIL, JUPOL, SPP y AEGC, quienes llevaron el caso a los tribunales.

En concreto, Vergés alegará que las acusaciones en su contra carecen de fundamento y explicará que la vacunación de los agentes se hizo conforme a los criterios técnicos fijados en cada momento y con el objetivo final de vacunar a toda la población, dando prioridad a los más vulnerables ante el Covid-19. 

Sin embargo, el juez cree que la decisión adoptada por altos cargos del Departamento de Salud con respecto a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil destinados en Cataluña fue "arbitraria, ilegal, injusta y discriminatoria".

El juez considera que fue "irrazonable"

Se basan en las manifestaciones de la delegada del Gobierno y las cartas remitidas a los ministros de Sanidad y de Política Territorial en los que se evidencia la "perplejidad" de la decisión adoptada de suspender la vacunación de los agentes menores de 60 años, es decir, casi todos los destinados a Cataluña, "con los inevitables perjuicios que sin duda se iban a generar". La decisión, considera el juez, fue "irrazonable".

Insiste en que, en cualquier caso, esta medida no podía ser adoptada por la Administración Autonómica, pues la decisisón sobre los grupos prioritarios de vacunación era competencia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. "El Departament de Salut, con su ilegal decisión, vino a suprimir de facto la prioridad que en la vacunación ostentaban estos colectivos profesionales", pues prestaban un servicio esencial para la sociedad y estaban expuestos al virus durante el desarrollo de su labor en la vía pública.