Tsunami Democràtic se financió mediante el "desvío de fondos públicos" , según la investigación

La investigación judicial de la Audiencia Nacional apunta a que la plataforma independentista Tsunami Democràtic podría haberse financiado a través de un "desvío de fondos públicos", ya sea mediante la adjudicación de contratos o a través de subvenciones. El instructor llega a hablar incluso de una "red clientelar" dentro del gobierno catalán.

Así consta en la resolución del 28 de abril de 2021 por la que el entonces magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Alejandro Abascal, que investigaba el papel que Tsunami habría jugado en los disturbios que siguieron a la sentencia del procés en otoño de 2019.

Estructura financiera

En base a los informes policiales, el instructor hace un extenso y detallado relato de los hechos investigados y de los presuntos responsables, deteniéndose en la estructura financiera que permitió a la plataforma independentista llevar a cabo sus acciones, que el juzgado central califica de terrorismo.

El juez infiere que Iniciative Events SL, administrada por Antoni Fusté y Roc Aguilera y "vinculada" a Xavier Vendrell --uno de los principales investigados en el procedimiento--, sería una de las sociedades presuntamente beneficiadas por el desvío de fondos públicos.

Desvío de fondos públicos

"Los numerosos contratos públicos de los que Events ha resultado adjudicataria evidenciaría que Vendrell podría ser el administrador de hecho de esta sociedad, instrumentalizándola para el desvío de fondos públicos, o al menos que actúa de conseguidor de contratación pública a cambio de determinados beneficios", señala el auto.

Incidentes tras la manifestación convocada por Tsunami Democratic por el partido entre el FC Barcelona-Real Madrid en el Camp Nou en 2019. Llamas tras un furgón de la policía / EP

El instructor considera que de la investigación "se ha evidenciado la existencia de una suerte de red clientelar en el seno de la administración catalana que propicia que esta empresa reciba cuantiosos fondos provenientes de diferentes organismos públicos".

Organismos públicos

En la lista, figuran la Generalitat de Catalunya, el Consell Català de l'Esport, el Ayuntamiento de Barcelona, Ayuntamiento de Calella, la Agencia Catalana del Agua, la Diputación de Barcelona, la Federación Catalana de Fútbol, INCASOL o Diplocat.

De las diligencias practicadas, también se ha constatado que Iniciative Events SL fue registrada antes de la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y que en su nave se incautó "numeroso material relacionado con la celebración de las votaciones".

Plataforma de Proselecciones Catalanas

El magistrado también menciona a Jaume Cabani como "pieza clave" en el flujo de dinero para costear esa "estrategia global secesionista". Sobre él, también reseña que "podría haberse financiado mediante el desvío de fondos públicos".

Al hilo, refleja que emitió al menos una factura a la Plataforma de Proselecciones Catalanas, entidad presidida por Xavier Vinyals y "receptora de múltiples subvenciones públicas", por "un servicio que presuntamente no se habría producido, ascendiendo su importe a 10.594,00 euros". Alude también a una cuenta bancaria de Cabani "en la que se habría cobrado una subvención directa otorgada a la misma plataforma por 1.183.500,00 euros".

"Estrategia secesionista"

Con todo, el juez asevera que la "estrategia secesionista global" se compone de "una serie de grupos y entidades, principalmente provenientes de la sociedad civil, interrelacionados entre sí, bajo una unidad de propósito, cuya finalidad es la materialización de una serie de actividades conducentes a la consecución de la independencia de Cataluña por cualquier vía, incluidas las que se apartan del ordenamiento constitucional y violentan la legislación vigente".

En el procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional se investiga esta estrategia global como una organización criminal que podría haber cometido presuntos delitos de terrorismo "causando un impacto en las estructuras económicas del Estado" con la ocupación de El Prat, el corte multitudinario de la AP-7 en la Junquera, o los altercados producidos tras el partido de fútbol entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid, entre otros.