Más allá de la Bonanova: Cataluña, líder en proteger a los okupas

El asedio de El Kubo y La Ruïna se zanjó con la recuperación de estas dos casas okupas de Barcelona. Mossos completó una compleja operación en la que solamente resultó herido leve un agente a pesar de la violencia, la pirotecnia, las bolas de acero y el líquido inflamable con los que los activistas recibieron a la policía. Más allá del éxito del desalojo de La Bonanova, uno de los barrios más pijos de Barcelona, las fuentes jurídicas y especializadas consultadas por Crónica Global denuncian que Cataluña se mantiene como uno de los territorios donde más fácil resulta usurpar la vivienda ajena.

"El problema que ha habido es que con las ejecuciones hipotecarias, los bancos y fondos buitre se han quedado tantos inmuebles que no pueden controlarlos", asegura Arantxa Goenaga, abogada especializada en derecho inmobiliario. Lamenta que, como respuesta, "se les ha permitido" recurrir a una "práctica abusiva" que consiste en "no cambiar de nombre la propiedad hasta que encuentran un comprador". Un modo de proceder que hace "más difícil para los vecinos desalojar y más fácil para los okupas okupar".

Protección institucional al okupa

"El Kubo y La Ruïna llevaban mucho tiempo okupadas", recuerda Goenaga, que critica que se tenga que activar un dispositivo policial de tales dimensiones por falta de trabajo previo de las instituciones. "Han tenido que hacer un desalojo a las cinco de la mañana colocando andamios, y dejas a la mitad de la ciudad sin policía", dice. La socia de Círculo Legal Barcelona arremete contra el "proteccionismo por parte de los poderes públicos a esta gente, que lleva a que tengamos que vivir estas situaciones".

La letrada alerta de que los okupas "se han tomado unos derechos que no tenían". Añade que en algunos barrios con mayor okupación y criminalidad, como La Mina, no se ejecutan los desahucios de viviendas tomadas a no ser que el juez ordene presencia policial. Y considera que la Sareb, propietaria de los inmuebles desalojados en la Bonanova, "no es de los que lo hacen mal", ya que hay otros tenedores que "pasan de todo" ante la indignación de los vecinos.

Apoyo político en Cataluña

Toni Miranda, presidente de la Asociación de Afectados por la Okupación, critica la "impunidad" que encuentran los "delincuentes". Señala que la usurpación de vivienda "obedece a fenómenos distintos, pero el origen no es más que fruto de una ideología de izquierda radical que quiere eliminar la propiedad privada". Esta práctica "ha podido desarrollarse en Cataluña porque ha tenido el respaldo político del nacionalismo y la izquierda, que han estado unidos gobernando Cataluña". Miranda cree que, a raíz de la actividad de los activistas de la okupación, "se han generado otros movimientos oportunistas" como las "mafias de la extorsión".

Y es que eliminar desde las leyes el sistema que defendía a los propietarios "genera impunidad tanto para los okupas ideológicos como para las mafias", ya que estas acciones cuentan con un "respaldo ideológico y normativo". Además, interviene el "apoyo ejecutivo" ya que, a pesar de que "los Mossos han hecho una labor estupenda en el Kubo y la Ruïna", los mandos de los cuerpos policiales están "completamente frenados". Por ello, reprocha la hipocresía de políticos como el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena: "Menos colgarse medallas, simplemente tienen que cambiar la ley". Reivindica asimismo la construcción de vivienda social como solución.

Más okupas, menos inquilinos

"Dicen que la okupación ha bajado, pero es que directamente no se denuncia", indica Daniel Avilés, director de Seguro Contra Okupas. Asegura que "la mayoría de las okupaciones no se denuncian", pero que "el problema va a más" tanto en Cataluña como en otras regiones". Además, hay un crecimiento tanto en los casos de inquiokupas como de mafias violentas.

También se extiende la contratación de empresas privadas. "Cuando el propietario, como primera opción acude a un intermediario en vez de a la justicia es porque la justicia falla", sentencia Avilés. Estas firmas hacen una "mediación" con el objetivo de recuperar la vivienda arrebatada o de llegar a un acuerdo, por ejemplo prorratear el alquiler. Añade que "cada vez es más difícil acceder al alquiler porque los propietarios tienen miedo".