El Govern amplía la 'ciudad de los funcionarios' que estuvo bajo la lupa de Antifraude

Según fuentes consultadas por Crónica Global, una opción que valora la Generalitat es ocupar la torre de oficinas que AQ Acentor, promotora del grupo Aquila Capital, levanta en la calle del Foc, donde se hallan las dependencias administrativas. El proyecto de AQ Acentor incluye también un parque de 680 viviendas aledañas a las oficinas.

Nueva torre de oficinas

Está previsto que el rascacielos disponga de 15.000 metros cuadrados, aunque las mismas fuentes no aclaran si la Generalitat se quedará toda la superficie o solo una parte. Pero las obras ya se han iniciado en la parcela y marchan a buen ritmo. Un portavoz del departamento que dirige Natàlia Mas no ha hecho comentarios a este medio.

Sin embargo, varios dirigentes sindicales destacan que el Govern sigue empeñado en llevar más funcionarios hasta el polo administrativo. Sostienen que lo más probable es que le toque a Territorio, puesto que su traslado ya se discutió en 2020. Pero dudan de que Educación, Agricultura y Sanidad modifiquen su localización –las tres consejerías se encuentran en Via Augusta y Gran Via–.

De hecho, la Agencia de Residuos de Cataluña, que emplea a 250 personas, se mudó recientemente en el 107 de la avenida de Zona Franca. Actualmente, 2.500 servidores públicos ocupan los despachos del recinto de 46.000 metros cuadrados.

Origen del proyecto

El plan original de concentración de oficinas arrancó durante la etapa del consejero Andreu Mas-Colell al frente de Economía. Acuciado por sus obligaciones financieras, el Ejecutivo autonómico inició un proceso de venta de patrimonio en el periodo comprendido entre 2011 y 2014 para aliviar su delicada tesorería.

En total, se colocaron en el mercado cerca de 40 inmuebles por un montante superior a 550 millones de euros. Un proceso que, por cierto, se saldó con un informe muy crítico de la Sindicatura de Cuentas por las pérdidas generadas en el erario. La búsqueda de recursos extraordinarios terminó provocando un quebranto de 80,35 millones de euros en las cuentas públicas, concluyó el órgano auditor.

Plan de ahorro de Mas-Colell

Mas-Colell vendió la ciudad de los funcionarios como un ejercicio de racionalización y optimización de activos públicos llamado a abaratar costes directos e indirectos y generar nuevas formas de trabajo.

Se argumentó que la dispersión de unidades de trabajo disparaba las rentas sufragadas por la Administración autonómica, a la vez que impedía negociar un precio unitario más ajustado. Al multiplicar los contratos de suministro también se complicaba la firma de acuerdos más favorables con los operadores de servicios, como energía y telefonía.

No se escapa que varios departamentos se hallaban por aquel entonces en zonas prime. Zonas con rentas mucho más caras que las del actual Distrito Administrativo. Es el caso de las antiguas sedes de la Consejería de Justicia, situada en la calle Pau Claris 158-160, y la de Economía, en el número 639 de Gran Via.

El expresidente Artur Mas (i.), y su consejero de Economía, Andreu Mas-Colell (d.) EFE

Denuncia ante Antifraude

En 2015 se puso en marcha la primera fase del proyecto, que ya entonces se denominó así. Fira 2000 sacó a licitación tres terrenos en varios lotes, uno de los cuales se lo quedó Zumaran Inversiones, filial del grupo Axa, que obtuvo el derecho a superficie de unos terrenos junto a las actuales sedes de Cellnex y Wallbox.

Pero ese mismo año, Patrimonio convocó otro concurso para edificar el actual Distrito Administrativo. El contrato lo ganó Axa Real State. La coincidencia entre las adjudicatarias, sumadas a otras irregularidades, llevaron a CCOO a presentar una denuncia ante la Oficina Antifraude por presunto trato de favor.

El pasado abril, el organismo sostuvo en un informe que el proceso estuvo plagado de irregularidades. La propia Consejería de Economía y Hacienda, que tiene un 52% del accionariado de Fira 2000, así como la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat, revisan actualmente el procedimiento.