Junts y PSOE pactan una nueva etapa de gobernación pero con los nombres de la amnistía pendientes
- Socialistas y neoconvergentes acuerdan resolver "un conflicto histórico" en Cataluña
- Se verán beneficiados con esa medida de gracia los casos de 'lawfare', aunque serán las comisiones de investigación del Congreso de los Diputados las que decidan los nombres concretos
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El PSOE y Junts han llegado a un acuerdo. Tras varias semanas de negociaciones intensas, las dos formaciones han pactado "abrir una nueva etapa" en Cataluña en lo que ven como un "conflicto histórico". El documento, que consta de cuatro folios y tres capítulos, reconoce las "posiciones divergentes", pero constatan la necesidad de "procurar la gobernabilidad durante la XV legislatura".
Entre los puntos más polémicos -y esperados- se encuentra la ley de amnistía, que se convirtió en el principal escollo para que los de Carles Puigdemont apoyasen la reelección de Pedro Sánchez. Finalmente, el pacto incluye no solo a los implicados en el procés, sino también a los casos de "lawfare" --supuesta "persecución política"--.
De este modo, el PSOE da respuesta a una de las exigencias del expresident fugado, que insistía en ampliar la cobertura de esa medida de gracia para beneficiar a personas de su máxima confianza, como Josep Lluís Alay, Gonzalo Boye o Laura Borràs.
Sin embargo, los neoconvergentes tendrán que esperar para saber los nombres concretos. Y es que, según el documento, serán las comisiones de investigación que se pondrán en marcha en el Congreso de los Diputados las que decidan si se trata o no de casos de esta tipología.
"Profundas discrepancias"
El PSOE y Junts reconocen "sus profundas discrepancias" y son "conscientes de la complejidad y de los obstáculos del proceso que se disponen a emprender". Estas diferencias se constatan a lo largo del documento, en el que Junts insiste en considerar "legítimo el resultado y el mandato" del referéndum ilegal del 1-O, así como la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017.
Por contra, los socialistas niegan "toda legalidad y validez" de ambas fechas, y mantienen "su rechazo a cualquier acción unilateral". Aun así, se emplazan a alcanzar "acuerdos importantes sin renunciar a las respectivas posiciones".
Mecanismo internacional
Hay "desconfianzas mutuas". Por eso, los dos partidos han acordado "dotarse de un mecanismo internacional" que tenga las funciones de "acompañar, verificar y realizar" el seguimiento de todo el proceso. Por otro lado, contemplan la "superación de los déficits y limitaciones del autogobierno" y las cuestiones relativas al "reconocimiento nacional de Cataluña".
Respecto a la financiación, Junts propondrá "una modificación de la LOFCA", mientras que el PSOE apostará por medidas que permitan la "autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña", así como un "diálogo singular" sobre el impacto del actual modelo de financiación.
En este sentido, cabe recordar que el PSOE pactó con Esquerra Republicana la condonación de 15.000 millones de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), así como el traspaso de la red de Rodalies.
Sobre el reconocimiento nacional, Junts insiste en la celebración de un referéndum de autodeterminación, mientras que los socialistas defienden el Estatut de 2006, así como el "respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística" de Cataluña.
La amnistía para recuperar "la plena normalidad"
Pero uno de los puntos claves es el de la ley de amnistía, necesaria para recuperar "la plena normalidad política, institucional y social". Según el texto, la norma debe incluir "tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decesiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos".
Sin embargo, "las conclusiones de las comisiones de investigación" que se constituirán en el Congreso de los Diputados "tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".
Tras el acuerdo entre PSOE y Junts, la investidura de Pedro Sánchez está mucho más cerca. Si no hay sorpresas, tendrá lugar la semana que viene.