Las causas abiertas contra Boye y Alay, los escollos de Junts para la investidura de Sánchez

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, durante una reunión con la cúpula de Junts para decidir sobre el pacto de investidura con el PSOE Europa Press Bélgica

Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont, está a la espera de juicio acusado de delitos de malversación y prevaricación. La Audiencia Provincial de Barcelona le atribuye haber usado fondos públicos para sufragar un viaje a Nueva Caledonia en noviembre de 2018. La fiscalía --que pide para él tres años de cárcel y 17 de inhabilitación-- sostiene que Alay se gastó 4.580 euros de las arcas públicas en el viaje de ida y vuelta, a lo que habría que sumar las dietas, pese a que “los gastos no se correspondían con las necesidades personales, políticas y sociales que a través de la oficina del expresident se cubren”.

También se investigó si el asesor de Puigdemont participó en la compraventa de petróleo entre compañías rusas y chinas para financiar el procés independentista, causa que finalmente quedó archivada.

Boye, a juicio con Sito Miñanco 

Por otro lado, el abogado del expresident, Gonzalo Boye, será juzgado por la Audiencia Nacional acusado de un delito de blanqueo de capitales en el marco de la Operación Mito. La fiscalía sostiene que Boye, que fue letrado de José Ramón Prado, el narco gallego más conocido como Sito Miñanco, lo ayudó a tejer un entramado empresarial para ocultar los beneficios obtenidos del tráfico de drogas.

La fiscalía también cree que en el marco de esta operación, en la que se logró frenar la entrada de cuatro toneladas de cocaína, Boye intentó recuperar el dinero intervenido a la red en Barajas llegando a presentar, presuntamente, documentación falsa. 

Cabe destacar que Boye fue condenado por el secuestro del empresario Emiliano Revilla, dueño de Chorizos Revilla, en 1998, en el que fue el tercer rapto más largo de la banda terrorista ETA. Por estos hechos, el abogado, considerado colaborador por su participación en una célula chilena, fue condenado a 14 años de cárcel y a abonar una indemnización. Sin embargo, en 2020 la Audiencia Nacional ordenó embargar sus cuentas porque nunca resarció a la víctima. 

Borràs quiere la amnistía

Puigdemont también podría estar negociando la inclusión en la ley de amnistía de la expresidenta del Parlament y presidenta de Junts, Laura Borràs, condenada a cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación por trocear contratos cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC). El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la consideró culpable, el pasado 30 de marzo, de los delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa, si bien dejó la puerta abierta a que Borràs pudiera reclamar un indulto parcial para evitar entrar en prisión. 

Tras conocerse la condena a Laura Borràs, Puigdemont escribió que la sentencia evidenciaba que “miserias cotidianas como esta demuestran que el Estado de derecho español es un naufragio”. El expresident fugado en Bélgica desde 2017 defiende la inocencia de sus personas de confianza, a las que describe como víctimas de una persecución por su ideología política y pide que sean amnistiadas, aunque sus causas no estén relacionadas con el independentismo.

La presidenta de Junts, Laura Borràs, durante su juicio en el TSJC, a 10 de febrero de 2023, en Barcelona DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

No obstante, las fuentes consultadas por este medio ven ya superado este debate. Así, Borràs hoy no sería un impedimento para alcanzar un acuerdo de investidura con el PSOE, pero sí Alay y Boye, dos de las personas que más han acompañado a Puigdemont durante estos años fugado. Esta teoría la ha confirmado uno de los negociadores de Sumar, Jaume Asens, que ha asegurado que los neoconvergentes han aceptado excluir a la expresidenta del Parlament del acuerdo.