Las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez siguen encalladas y la tensión no hace más que aumentar. En plenas conversaciones entre el PSOE y Junts para la ley de amnistía, el expresidente de la Generalitat fugado, Carles Puigdemont, ha endurecido el tono y ha acusado al rey Felipe VI de estar del lado de los radicales que anoche utilizaron la violencia en los alrededores de la sede de los socialistas en Ferraz.
"Después de lo que está pasando en Madrid, ¿a qué hora sale el Rey a hacer el mensaje ordenando ir a por ellos? ¿O es que está con ellos?, se ha preguntado el neoconvergente.
3 de octubre de 2017
En un mensaje en las redes sociales, Puigdemont ha querido hacer una comparación entre lo que está sucediendo en Madrid con lo que ocurrió en Cataluña en otoño de 2017, cuando se vivieron los días más álgidos del procés. Concretamente, se refiere al discurso que pronunció el monarca el 3 de octubre de ese año tras varias jornadas de manifestaciones, escraches, disturbios y detenciones que siguieron al referéndum ilegal del 1-O.
En aquel momento, el Rey lanzó una dura acusación contra las autoridades catalanas, entonces lideradas por Puigdemont: "De una manera clara y rotunda, se han situado al margen del derecho y de la democracia", expresó.
Las negociaciones, encalladas
Estas palabras del prófugo coinciden con un momento clave en las negociaciones para la investidura. Los negociadores de Junts y el PSOE siguen sin llegar a un acuerdo sobre la ley de amnistía tras una noche de trabajo "intensa", lo que aleja que la reelección de Sánchez se produzca esta semana como estaba previsto en un primer momento por Moncloa.
Según explican fuentes de la negociación, ambas formaciones siguen encalladas en la exposición de motivos del texto, donde está en juego el alcance de esa medida de gracia y la constitucionalidad de la norma.
Mientras tanto, las calles siguen calentándose. Anoche, un grupo de manifestantes de extrema derecha se manifestarn en Madrid contra la amnistía ejerciendo la violencia. La protesta --que congregó a unos 7.000 asistentes según la Delegación del Gobierno-- acabó con 39 personas teniendo que ser atendidas por los servicios sanitarios. Entre ellas, 29 agentes.