21 organizaciones han enviado una carta conjunta a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) para pedirles que voten "sí" a la oficialidad del catalán en las instituciones comunitarias. Una iniciativa impulsada por la entidad ultranacionalista Òmnium Cultural, los rectores de las ocho universidades públicas de la autonomía y los principales sindicatos y patronales de la región, entre ellos UGT, CCOO y Foment del Treball.
En la carta, que han leído en un acto en el Institut d'Estudis Catalans (IEC) el actor Sergi López y la directora de televisión y cine Sílvia Quer, los firmantes consideran que esta decisión reforzaría "la política de reconocimiento de los derechos lingüísticos y la igualdad entre toda la ciudadanía europea", y la idea de Europa de estar unidos en la diversidad.
Lengua oficial y de trabajo de la UE
La misiva pretende tener alguna influencia antes de que se reúna este martes el Consejo de Asuntos Generales de la UE, donde se debatirá la propuesta de modificación del reglamento 1/1958 para reconocer el catalán como lengua oficial y de trabajo de la UE.
Los firmantes dicen que el catalán es "la 13ª lengua más hablada de la UE con más de 10 millones de hablantes, presente en tres de los Estados miembros de la UE y con estatus oficial en Cataluña, Islas Baleares, Comunidad Valenciana y Andorra".
Decisión clave en el plano legal
Según estos mismos firmantes, el reconocimiento de la oficialidad del catalán es una "oportunidad histórica" para fortalecer la UE y sus valores fundacionales de igualdad, justicia y multilingüismo recogidos en los tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales.
En su opinión, la oficialidad es una protección legal clave que hace posible que las lenguas europeas puedan gozar de lo que llaman una "normalización" plena, como ocurrió "cuando el catalán se hizo oficial en el Estado español en 1978, después de 40 años de prohibición por la dictadura".
"Impacto directo" en "millones de ciudadanos"
Asimismo, la carta considera que el catalán -como otras lenguas- se ha visto afectado por la globalización, las nuevas tecnologías y las nuevas formas de comunicación. Sus firmantes creen que los ciudadanos que la hablan no encuentran "protección en ámbitos clave" que se regulan desde instituciones europeas, como el etiquetado, el audiovisual, tecnologías, redes sociales e inteligencias artificiales.
"Por tanto, incluir el catalán en la lista de lenguas oficiales de la UE no sería un paso simbólico, tendría un impacto directo en las vidas de millones de ciudadanos europeos", añaden en la carta.
Asimismo, señalan que otras lenguas con un número similar o menor de hablantes que el catalán ya son oficiales en la UE, por lo que consideran que "esta diferencia en la protección de las lenguas europeas responde únicamente a la voluntad política de los Estados miembros".
Firmantes
Entre los impulsores de la carta, además de Òmnium -una de las entidades impulsoras del referéndum ilegal del 1-O y el procés secesionista de Cataluña-, está la Universitat de Barcelona (UB); la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC); la Universitat Pompeu Fabra (UPF); la Universitat de Lleida (ULl); la Universitat de Girona (UdG); la Universitat Rovira i Virgili (URV) y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
También la suscriben las organizaciones empresariales Foment del Treball, Pimec, Cambra de Barcelona, Cecot, FemCat, Confederació de Cooperatives de Catalunya; la Acadèmia de Cinema Català; y los sindicatos CCOO de Catalunya; UGT de Catalunya, Usoc, Intersindical-Csc y Unió de Pagesos.
El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha asegurado que no ha habido reticencias por parte de ninguna entidad y que a todas a las que invitaron han firmado la carta.
"Pese al agravio que supone que una lengua con más de 10 millones de hablantes no sea considerada aún como oficial, es una certeza que estamos ante una oportunidad para que acabe siendo reconocida con la dignidad que merece", ha subrayado Antich, precisando que no se han coordinado con el Ministerio de Exteriores del Gobierno para impulsar esta iniciativa.
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