La Generalitat de Cataluña presume de la nueva legislación autonómica elaborada para incumplir las sentencias judiciales firmes que obligan a dar al menos un 25% de clases en castellano en su sistema educativo. Así lo ha hecho este lunes su conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray (ERC), quien ha celebrado que "gracias al nuevo marco normativo, hemos conseguido parar el goteo de familias que lo pedían para sus hijos".
De este modo ha respondido el dirigente secesionista en la comisión parlamentaria de Educación la pregunta formulada por el diputado de Junts per Catalunya (JxCat) Francesc Ten, quien en su intervención ha reconocido que el actual modelo de inmersión impuesto en Cataluña es monolingüe y obligatorio en catalán: En concreto, trasladándole al conseller la "preocupación" de los posconvergentes por una "cierta sensación de conformidad por parte de la consellería al no trabajar suficientemente para garantizar el derecho de los alumnos catalanes a recibir el 100% de la educación en catalán" en las escuelas donde, gracias a las demandas judiciales de los padres y las sentencias correspondientes, sí se imparte ese mínimo de educación bilingüe.
"La nueva normativa da resultados"
En su habitual tono desafiante, Cambray ha despreciado la acción de los tribunales manifestado que "ante injerencias judiciales, hemos parado la ofensiva" (sic) y que ya "no hay el goteo de centros nuevos en los que aplicar el 25% de castellano que se arrastraba desde las épocas de los consellers Rigau, Ruiz y Bargalló". El dirigente de ERC ha insistido en que la nueva normativa lingüística elaborada a posteriori para incumplir estos porcentajes "está dando sus resultados".
Según sus datos, en la actualidad son 26 centros, de un total de más de 3.500, los que en aulas concretas están impartiendo ese 25% de materias en castellano, como medidas cautelares dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Frente a esto, Cambray defiende "incrementar" aún más el uso del catalán en los centros.
Pendientes del Tribunal Constitucional
Esa nueva legislación autonómica que anula los porcentajes de las sentencias judiciales, y que perpetúa el monolingüismo obligatorio en catalán en las aulas impuesto durante los mandatos de Jordi Pujol como presidente de la Generalitat, consiste en un decreto-ley del Govern y en una ley aprobada en el Parlament con los votos a favor de ERC, JxCat, PSC y En Comú Podem el pasado verano.
En la actualidad, la nueva normativa de la Generalitat contra el bilingüismo en las escuelas de Cataluña se encuentra recurrida ante el Tribunal Constitucional, y el incumplimiento del 25% se mantiene al haber renunciado el Gobierno español tanto a impugnar como a solicitar su aplicación antes de que éste se pronuncie.