Los planes de la Generalitat para excluir el castellano como lengua también vehicular de su sistema educativo no son del agrado de la Unión Europea. Así se lo ha dado a entender este jueves el comisario comunitario de Justicia, Didier Reynders, al presidente del Govern, Pere Aragonès, en su visita a Bruselas, al que ha subrayado la importancia de dar cumplimiento a las sentencias sobre el mínimo de 25% de clases en castellano en las escuelas catalanas, tal y como sentenció el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
"Discutimos sobre la importancia de garantizar la plena aplicación de las sentencias judiciales y el cumplimiento de las normas de seguridad nacional con la legislación de la Unión Europea", ha escrito Reynders en un mensaje en Twitter publicado junto a varias imágenes del encuentro entre ambos.
Aunque el exministro belga no precisa en su comunicado el detalle de esa conversación, fuentes europeas consultadas por Europa Press han enmarcado la referencia al cumplimiento de las sentencias firmes a la dictadas por el TSJC sobre el uso del castellano en el sistema educativo de Cataluña.
Leyes que burlan sentencias
Aragonès ha defendido ante Reynders la aprobación a posteriori de las leyes del Govern y el Parlament este mismo año para burlar e incumplir dichas sentencias, y ha señalado que el caso está ahora en manos del Tribunal Constitucional.
En la reunión, la primera entre un representante comunitario y un presidente de la Generalitat en Bruselas desde 2015, ambos dirigentes han repasado las conclusiones de los servicios europeos en el informe anual sobre el Estado de Derecho.
A pesar del mensaje publicado por Reynders, su portavoz ha eludido confirmar los detalles de la discusión sobre el incumplimiento por parte de la Generalitat de las sentencias que fijan los porcentajes en el uso de las lenguas en la enseñanza, aunque ha detallado que trataron la cuestión de la "protección de datos personales y la privacidad". En ese sentido, el portavoz comunitario ha reiterado la posición de la Comisión de condenar de manera "enérgica" todo uso "ilegal de las comunicaciones interpersonales, en caso de que se confirmaran".
Aragonès, por su parte, ha argumentado ante Reynders que la nueva normativa aprobada sobre el catalán está hecha de acuerdo con la legislación, y le ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) declaró la imposibilidad de ejecutar la sentencia del 25% tras aprobarse esas leyes a posteriori. Asimismo, ha explicado en qué consiste lo que llama "modelo de escuela catalana".