El expresidente de la Generalitat fugado de la justicia, Carles Puigdemont (Junts) ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que aparte al juez encargado de investigarle por desobediencia y malversación en el procés, Pablo Llarena, por haberse pronunciado sobre la "constitucionalidad" de una eventual amnistía del Gobierno a los encausados por el golpe secesionista de 2017.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa del exmandatario convergente ha insistido en el mismo argumento que en ocasiones anteriores, acusando al magistrado de una supuesta "absoluta falta de imparcialidad".

El equipo jurídico de Puigdemont, encabezado por el abogado Gonzalo Boye, recoge en su escrito que "diversos medios de comunicación" informaron de que "el 11 de septiembre de 2023 el Excmo. Magistrado Instructor habría afirmado que puede existir un cuestionamiento de constitucionalidad de una posible y futurible ley de amnistía".

"Posicionamiento apriorístico"

La defensa del prófugo considera que el pronunciamiento de Llarena sobre la "constitucionalidad" de "una ley que ni tan siquiera existe" refleja un "posicionamiento apriorístico de quien, llegado el caso, debería pronunciarse sobre la misma si es que llega a promulgarse". Al hilo, también ha afeado al magistrado que dijese que habría que "mirar si la posible ley (de amnistía) es legítima o si se justifica".

"Desconocemos desde cuándo la función jurisdiccional pasa por la evaluación de la legitimidad de las normas que emanan del Poder Legislativo pero parece ser que la falta de imparcialidad lleva al Excmo. Magistrado-Presidente a cuestionar, incluso, la legitimidad de las normas que puedan llegar a gestar, o no, los representantes de la soberanía popular", apunta la defensa de Puigdemont en su escrito.

En su opinión, "ninguno de los planteamientos exteriorizados" por Llarena son "propios" de "quien está llamado a actuar con imparcialidad".

Precedentes

No es la primera vez que Puigdemont pide que se aparte a Llarena de su investigación. En enero, cuando el magistrado acordó procesarle por desobediencia y malversación, el prófugo de la justicia instó al instructor a apartarse de la causa y a anular todas las decisiones adoptadas desde que es eurodiputado de Junts. También le instó a remitir la causa a un juzgado de instrucción de Barcelona.

Puigdemont indicó entonces que Llarena, para procesarle, se había saltado la jurisprudencia del Supremo "creando" una situación ad hoc para los eurodiputados ultranacionalistas catalanes. Además, recordó casos de otros dirigentes políticos que pese a contar con auto de procesamiento fueron puestos en libertad tras ser elegidos como diputados o senadores.

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