La infiltración de policías en movimientos sociales llega al Parlament: piden una comisión de investigación

La infiltración de un policía nacional en La Cinètica, un centro social anticapitalista de Sant Andreu (Barcelona), ha motivado que cuatro grupos --ERC, JxCat, CUP y ECP--registren este viernes una propuesta para crear una comisión de investigación en el Parlament.

La petición responde a la solicitud de varios ayuntamientos gerundenses (Girona, Sant Julià de Ramis, Salt, Olot, Banyoles y Figueres), que mediante una moción instaban al Parlament a investigar estos hechos.

Denuncian "persecución política"

En la petición, los grupos recuerdan el último caso conocido, el del agente de Policía Nacional que se infiltró en el centro de Sant Andreu y mantuvo relaciones sexuales con varias mujeres con el objetivo, según las denunciantes, de obtener información sobre movimientos anarquistas. Cabe destacar que la fiscalía de Barcelona le dio carpetazo a la querella al considerar que no hubo delitos de abuso sexual, torturas, contra la integridad moral o revelación de secretos, como sostenían las demandantes. 

Sin embargo, estos grupos parlamentarios sostienen que el presunto espionaje ha vulnerado múltiples derechos fundamentales, como los de "asociación, reunión pacífica y expresión, participación política, el derecho a la defensa, a la inviolabilidad de domicilio, así como a la intimidad y privacidad, entre otros". Sostienen, además, que supone una “persecución política clara, amparada por el Estado, e ilegal”.

Carpetazo de la fiscalía

No obstante, la fiscalía expuso, tras archivar la querella, que en el caso de Sant Andreu no existen indicios de que el agente pudiese haber cometido un delito de revelación de secretos, pues no ha quedado acreditada qué clase de información le facilitaron las mujeres ni que ésta pueda considerarse "sensible" ni tener la consideración de "secreto" que exige el tipo penal, pues la ideología política de las querellantes "no era ningún misterio".

En la misma línea, argumentó que los actos del investigado tampoco coartaron su ejercicio de los derechos cívicos. "No se señala en la querella ningún acto concreto que se hubiera impedido realizar a alguna de las seis querellantes". "Pueden ejercer sus derechos cívicos igual que lo hacían antes de los hechos que denuncian", zanjó.