Los dirigentes secesionistas de la Generalitat de Cataluña vuelven a cargar contra la separación de poderes propia de las sociedades democráticas. Y, de nuevo, a cuenta de las sentencias judiciales firmes que han declarado ilegal la inmersión monolingüe obligatoria en catalán impuesta en su sistema educativo desde hace tres décadas. Así lo ha vuelto a hacer este miércoles la nueva consellera de Educación, Anna Simó (ERC), al considerar que al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) "no le toca" decidir sobre su inconstitucionalidad.
Simó se ha expresado en estos términos en el Parlament, después de que el TSJC calificara de inconstitucional la ley catalana elaborada a posteriori para burlar y dichas sentencias -que obligan a impartir al menos un 25% de la enseñanza en castellano-, y afirmara que "no pueden crearse etapas de inmersión que puedan perjudicar" a los estudiantes que están temporalmente en Cataluña.
"¿Qué es esta locura?"
"¿Pretenden que cambiemos el modelo educativo de todo un país por unos alumnos que están de paso? ¿Qué es esta locura?", se ha preguntado la consellera de ERC, en respuesta a una interpelación del diputado de Vox Manuel Jesús Acosta sobre lengua.
Acosta ha acusado al Govern de "escupir" las sentencias y de adoptar, en sus palabras, un modelo educativo sectario que excluye el castellano y los conciertos de las escuelas que separan por sexo.
Simó, incluso, ha llegado a decir que "no es opinable" que el catalán esté -según ella- en retroceso entre las escuelas porque, en su opinión, así lo demuestran los hechos, refiriéndose como tal a las interacciones entre el alumnado, evidenciando con ello que las controlan.
Exigencia del nivel más alto de catalán para el profesorado
La mandataria de ERC, por otra parte, ha defendido que la Generalitat exija a los profesores que tengan el nivel C2 de catalán -es decir, el más alto de todos los existentes en cualquier idioma- pues a su modo de ver supone "desplegar la Ley de Educación de Cataluña (LEC)".
Asimismo, también han interpelado a Simó sobre exclusión del castellano como lengua también vehicular en las escuelas catalanas el diputado de la CUP Carles Riera -reivindicándola- y la diputada de Ciutadans (Cs) Anna Grau, rechazándola.
En opinión de Riera, la imposición del monolingüismo obligatorio en catalán no se ha aplicado completamente, según él, por culpa de los sucesivos gobiernos de la Generalitat, y ha pedido desplegar el "aparato legislativo de recursos docentes necesario" para hacerlo. Grau, en cambio, ha recordado que "es imposible imponer el catalán y no ir en contra del castellano".
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