Pablo Llarena ha dado carpetazo a la causa contra Clara Ponsatí. El instructor del procés ha dictado auto de conclusión de sumario respecto a la exconsellera de Educación de la Generalitat y eurodiputada de Junts, a la que se le atribuye un delito de desobediencia por su participación en el referéndum ilegal del 1-O de 2017. Esto la deja a un paso del juicio.
Cabe recordar que, este lunes, el magistrado del Tribunal Supremo (TS) le tomó declaración en Barcelona tras ser detenida, horas después de que esta se presentase por sorpresa en la capital catalana pese a la orden de busca y captura nacional que pesaba en su contra.
Obligación de designar domicilio
Una vez completado este trámite, el juez no considera precisa ninguna indagación más, por lo que pone fin a las pesquisas y las eleva a la Sala de lo Penal, que será quien decida los próximos pasos. Llarena acordó que fuera el Juzgado de Guardia de Barcelona quien le tomara declaración para comunicarle su procesamiento por desobediencia y poder continuar así el procedimiento penal en su contra.
Por su parte, la exconsejera se acogió a su derecho a no declarar, tras lo cual quedo libre, aunque con la obligación de designar domicilio en España para recibir notificaciones judiciales.
Detenida otras veces
Pero no es la primera vez que Ponsatí es detenida en Barcelona por orden del Supremo. El pasado 28 de marzo, los Mossos d'Esquadra la arrestaron y después la pusieron en libertad con la obligación de que acudiera a declarar ante Llarena el 24 de abril. Una cita a la que dio plantón alegando dos causas. La primera, que tenía trabajo en la Eurocámara; y la segunda, que estaba amparada por su inmunidad como eurodiputada.
Tras este plantón, Llarena volvió a dictar orden de busca y captura nacional contra ella con el único objetivo de poder comunicarle su procesamiento por un delito de desobediencia, y seguir así el procedimiento penal en su contra, que hasta el pasado marzo estaba paralizado por encontrarse en Bruselas. El instructor del procés resolvió que había faltado a su cita con el Supremo "injustificadamente", al considerar que se podían haber buscado fórmulas para que compareciera incluso desde Estrasburgo.
No irá a la cárcel
El horizonte penal de Ponsatí se despejó tras la entrada en vigor el 12 de enero de la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación, obligando a Llarena a revisar el procesamiento de los huidos del procés. Hasta ese momento, la exconsejera estaba procesada por sedición, por lo que la desaparición de este delito propició que el magistrado lo sustituyera por el de desobediencia -castigado con multa de tres a 12 meses e inhabilitación de seis meses a dos años-.
Por tanto, el camino a recorrer por Ponsatí es similar al que ya siguieron la exdiputada de la CUP en el Parlament, Anna Gabriel, y la exconsellera Meritxell Serret, quienes prestaron declaración ante Llarena al volver de Suiza y Bélgica, respectivamente, y éste las dejó libres para después poner fin a la investigación y avanzar a juicio.
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