Meritxell Serret

108 millones de euros. Ese es el coste de la Consejería de Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña en este 2023, tal y como se contempla en los presupuestos autonómicos de este año. Un gasto excesivo que, si ya de por sí es discutible, todavía lo es más cuando se conocen algunas de las actividades a las que se dedica.

Y es que ya no se trata sólo del despilfarro que supone la creación de la veintena de embajadas políticas que el Govern tiene repartidas en el extranjero, perfectamente prescindibles, sino del uso partidista que se hace de la propia consejería. Algo que, por desgracia, ni siquiera sorprende, habida cuenta de a quién eligió ERC para encabezarla: la antaño fugada Meritxell Serret, condenada hace un par de meses por el procés, y pendiente de un recurso sobre su inhabilitación. Toda una declaración de intenciones.

El caso es que Serret ha participado esta semana en un acto organizado por la ONU sobre desarrollo sostenible en Nueva York. Y, durante su periplo por EEUU -donde la han acompañado otros tres miembros de la Generalitat- no ha perdido ocasión de cargar contra el Gobierno español, al que ha llegado a acusar -sin pruebas- de espiar con el programa Pegasus a dirigentes secesionistas. Algo que va en línea con su intención de explicar "a escala internacional" lo que llama "conflicto político" de Cataluña. Una actitud impropia por parte de una representante pública que debería representar a toda la ciudadanía -también a la constitucionalista- y respetar al Estado democrático al cual se debe.