ERC utiliza la sequía para hacer campaña contra el Gobierno

El secesionismo catalán ya utiliza la sequía como arma electoral para criticar al Gobierno español. Así lo ha hecho este lunes ERC, cuya número dos en las elecciones generales, Teresa Jordà -a su vez, responsable en este problema por haber sido hasta ahora la consellera de Acción Climática de la Generalitat- ha tildado de "aberración extrema" que la Moncloa pueda plantearse llevar la ley catalana contra la sequía al Tribunal Constitucional.

El actual conseller de Acción Climática, David Mascort, ha encargado contra el Gobierno central al temer que lleve al Tribunal Constitucional artículos de la ley catalana contra la sequía que afectan a la contratación por emergencia, si bien el Ejecutivo socialista matiza que sólo se trata de un proceso de conciliación para aclarar algunos puntos de procedimiento.

"Aberración extrema"

En una rueda de prensa en la Agència Catalana de Notícies junto al cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, la que fuera consellera de ese departamento cuando se aprobó dicha ley, Teresa Jordà (que ahora concurre a las elecciones generales como número dos de Gabriel Rufián al Congreso de los Diputados), se ha mostrado muy crítica con esa posibilidad de recurso.

"Me parece una aberración extrema. Estamos en julio, tenemos los pantanos al 30 %, las desalinizadoras trabajan al 100 %. Estamos sufriendo una de las sequías más severas y persistentes de la historia", ha alertado la que fuera responsable de la conselleria hasta el mes pasado.

Una ley aprobada en mayo, con los pantanos ya por debajo del 30%

Según Jordà, la ley fue consecuencia de un "mandato" del Parlamento catalán, donde se aprobó con "amplia mayoría" con el objetivo de "abastecer con agua de boca a los ciudadanos" y también para actividades productivas; para ello, planteó "una serie de obras de emergencia, algunas de las cuales ya están hechas".

En este sentido, cabe recordar que el Parlament aprobó dicha ley catalana contra la sequía el pasado mes de mayo, cuando los pantanos de las cuencas internas de la autonomía llevaban ya meses al 30% de su capacidad de media o incluso menos, y después de que desde determinados sectores se acusara a la Generalitat por su deficiente gestión del agua a lo largo de la última década de mandato secesionista.

A pesar de ello, y de haber sido materia de su competencia, Jordà ha criticado al Gobierno apuntando que "a día de hoy, en sequía galopante, el Estado no tiene aprobado ningún plan de sequía. Y cuando Cataluña, a través del diálogo y consenso, aprueba una ley con una sequía histórica, nos la envían al Constitucional. Y salen ahora con excusas de que hay que entrar en un diálogo, porque no tiene que ir más allá... No, escuche, lo que hay que hacer es facilitar las cosas".

Moncloa pide aclarar dos artículos

El Gobierno cuestiona que la ley catalana incluya la tramitación por vía de emergencia, "sin necesidad de que se cumplan los requisitos previstos en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público y sin necesidad de justificación", para determinadas actuaciones contra la sequía que sufre Cataluña.

El Ejecutivo central entiende que la tramitación de emergencia, empleada por ejemplo durante los momentos más complicados de la pandemia de la Covid, es un procedimiento "totalmente excepcional" y que así lo establecen las directivas europeas.

Para el Ministerio de Política Territorial -competente en las relaciones con las autonomías-, la ley catalana "establece una presunción según la cual cualquier actuación orientada a solventar el problema de la sequía, sea la que sea, exige una intervención inmediata por parte de la Administración pública, que hace inviable utilizar el procedimiento ordinario o urgente".

Fuentes de Moncloa han precisado a Efe que se trata de un proceso de conciliación, en el cual la Administración del Estado plantea a la Generalitat que aclare en este caso dos artículos de la ley con la intención de poder llegar a un acuerdo, sin necesidad de acudir al Constitucional.

Críticas al PSOE

La exconsellera Jordà, por su parte, ha ironizado con que es fácil imaginar "cuál es el proyecto del PSOE para Cataluña". A su modo de ver, impugnar dicha ley significa "entre otras cosas, impedir que los ayuntamientos y entes locales ejecuten obras o apliquen medidas de urgencia para asegurar el agua de beber o para actividades económicas. Es de una irresponsabilidad extrema".

Y es que, a su juicio, no sólo "desprotege" ese abastecimiento, sino que también "permite que se pueda hacer mal uso de un bien público escaso sin que la Generalitat tenga herramientas para impedirlo".

La exconsellera ha aprovechado la ocasión para cargar también contra el PSC: "No me entraría en la cabeza que el PSC, que ha aprobado la ley que recoge parte de sus propuestas, se sitúen en el otro lado de la mesa. Pero no sería la primera vez".

Por su parte, Gabriel Rufián ha argumentado que "algún día el PSOE o el PP llevarán el sol al Constitucional o (el juez) Marchena lo imputará por alguna cosa. Es absurdo. La emergencia climática existe y llevar medidas a favor de la gente a la justicia es terrible".