El Parlament aprueba multas e inversiones contra la sequía

El Parlament ha aprobado este jueves por amplia mayoría la propuesta de Ley de Sequía presentada por Junts per Catalunya (JxCat), que incluye un régimen sancionador a los ayuntamientos más laxo que el previsto inicialmente e incorpora inversiones en infraestructuras.

JxCat, PSC y ERC se han votado mutuamente las enmiendas registradas al texto tras 48 horas de negociaciones, aunque ninguna de ellas se ha transaccionado.

Esta ley impulsada por Junts ha recibido el rechazo de la CUP y de En Comú Podem y la abstención de Vox, y con ella se enmienda el decreto que aprobó el Govern inicialmente para combatir la sequía y salva el principal punto que impidió un acuerdo en la cumbre del agua convocada por el Govern a finales de marzo: el régimen sancionador a los ayuntamientos.

Según el texto aprobado, el nuevo régimen sancionador a los municipios entrará en vigor un mes después de que el Govern apruebe la convocatoria de ayudas para hacer las inversiones necesarias, y se habilitará, además, la contratación por vía de emergencia.

Inversiones

En lo referente a inversiones, se han pactado algunas como la rehabilitación de instalaciones y equipamientos de la red de control del Sistema Integral del Cicle de l'Aigua al Territori (SICAT) de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) y obras de mejora de conexión de redes de abastecimiento.

El texto también ha incorporado la petición de los grupos de ampliar la desalinizadora de la Tordera en Blanes (Girona) y la potabilizadora del Besòs (Barcelona), con el desdoblamiento de la arteria APTT2 y el traspaso de aguas residuales de la cuenca del Besòs a la del Llobregat.

En cuanto a las piscinas, la iniciativa finalmente incluye la petición de ERC de limitar el llenado de piscinas a las de uso público, a las desmontables en centros educativos, a las de instalaciones juveniles y el rellenado parcial de las que dispongan de un sistema de recirculación.

Críticas

Diversos partidos de la oposición han expresado críticas al acuerdo. El diputado de la CUP Dani Cornellà ha defendido que se sancione "al municipio que se niegue" a mejorar sus redes de abastecimiento, aunque cree que en casos de falta de presupuesto debería hacerlo la ACA.

Desde los comuns, Lucas Ferro ha calificado de chapuza jurídica la proposición de ley, y ha criticado que da "carta de libertad y barra libre" a los ayuntamientos para hacer lo que quieran hasta después de las elecciones.

Marina Bravo (Cs) ha asegurado que PSC y Junts "pretenden aparecer como salvadores cuando han tenido responsabilidad de gobierno en el pasado y en su momento guardaron los proyectos en un cajón", y ha lamentado que hayan transcurrido 15 años sin hacer nada respecto a la sequía, según ella.

Desde Vox, Ramón López ha defendido un "plan hidrológico donde el agua sea considerada como un recurso nacional fundamentado en el principio de solidaridad interterritorial".

"Aquí radica la principal razón de cómo estamos como estamos, la inacción de los gobiernos de los últimos 15 años", ha lamentado el diputado del PP Daniel Serrano, que también ha criticado el régimen sancionador a los ayuntamientos que incluye la proposición de ley, aunque se ha mostrado a favor de los aspectos encaminados a mejorar el decreto de sequía.