El Govern estrecha el cerco al castellano en la escuela con un nuevo decreto

El Govern desafía de nuevo a la justicia. Este lunes, la consellera de Educación, Anna Simó, ha anunciado el proyecto del nuevo decreto del régimen lingüístico del sistema educativo que no tiene otro objetivo que el de responder a la decisión del Tribunal Superior de Justiciad e Cataluña (TSJC), que hace unos días confirmaba el 25% de castellano en tres escuelas con una asignatura troncal adicional.

La nueva norma establece, entre otras cosas, que los profesores tendrán que acreditar un nivel C2 de catalán --el más alto-- para poder acceder a la bolsa de interinos o a unas oposiciones a partir del curso 2025-26. Además, regula el uso de las lenguas en los colegios.

Otra norma para esquivar al TSJC

El borrador del decreto --organizado en cinco capítulos y 36 artículos--, consultado por Crónica Global, se suma a las dos normativas aprobadas en el Parlament hace justo un año, y que también sucedieron como respuesta a la sentencia del TSJC de diciembre de 2020, que obligaba a impartir ese porcentaje de castellano en todos los colegios de Cataluña.

Pleno del Parlament EUROPA PRESS

A toda prisa, el Govern de Pere Aragonès aprobó un decreto ley sobre los proyectos lingüísticos de los centros y una ley sobre el uso oficial de las lenguas oficiales. 

Evita los porcentajes

El nuevo decreto anunciado este lunes sigue en la misma línea, evitando hablar de porcentajes, pero dejando claro que el catalán es la lengua vehicular en las “comunicaciones del personal docente y del centro educativo con las familias”. “Las actuaciones administrativas de régimen interior de los centros educativos, como actas, comunicados, horarios, rótulos, avisos, archivos, calificaciones e informes internos, se hacen normalmente en catalán”, espeta el texto, que avisa de que cumplir el proyecto lingüístico es obligatorio.

De hecho, el documento vuelve a amenazar a la comunidad educativa con enviar a la inspección a “hacer el seguimiento” para que se cumpla. “Supervisa, evalúa y controla el logro de los objetivos definidos en el proyecto lingüístico”, agrega.

El castellano, apartado

Asimismo, limita el castellano a “algunos contenidos específicos, actividades educativas o recursos didácticos”, pero siempre en el marco de esa materia. La norma, además, incide en realizar programas de inmersión lingüística para aquellos alumnos que “no tienen acceso” en su entorno al catalán. En este sentido, recuerda que la enseñanza de las lenguas no debe ser igual en todos los colegios, sino que dependerá de donde "se detecte una carencia en las competencias orales y escritas, o que por su composición sociolingüística lo requiera". 

Imagen de unas oposiciones de estabilización de plaza de la Generalitat de Cataluña CEDIDA

Por último, vuelve a poner a los profesores en el punto de mira obligándoles a acreditar un nivel C2 de catalán para poder ejercer la profesión a partir del curso 2025-26. Así, las personas que “concurran a las convocatorias de concurso de méritos para formar parte de la bolsa de trabajo para el personal interino o que participen en oposiciones", tendrán que tener el nivel más alto. Pero hay más: deberán tener el nivel B2 de una lengua extranjera.

Estrategia frente a "la ultraderecha"

Este nuevo decreto forma parte del plan de la Generalitat de impulsar el catalán en las escuelas y de “proteger la lengua” ante un posible gobierno “de ultraderecha” tras las elecciones generales del 23 de julio.

Según ha expresado Simó en una rueda de prensa, el Plan de Fomento de la Lengua Catalana 2023-2028 también incluye la creación de una plataforma de contenidos audiovisuales educativos en catalán. “El avance de la ultraderecha hace indispensable articular y rearticular una escuela catalana”, ha agregado. 

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, este jueves en Castelldefels Europa Press Castelldefels

El decreto del régimen lingüístico estará en exposición pública desde este mismo lunes hasta el 15 de septiembre y tiene la finalidad, según ha dicho, de “dar garantía jurídica a los centros” ante el nuevo movimiento del TSJC y ante un gobierno formado por PP y Vox.