El nombramiento de Anna Simó como nueva consellera de Educación de la Generalitat de Cataluña no ha supuesto ningún cambio respecto a su antecesor, Josep Gonzàlez-Cambray, en lo que se refiere a la inmersión monolingüe obligatoria en catalán en la enseñanza pública de la autonomía. La mandataria de ERC se mantiene inflexible en el plan del Govern de excluir el castellano como lengua también vehicular en las escuelas, y así lo ha vuelto a evidenciar este miércoles, al expresar su rechazo a que tres de ellas puedan impartir al menos un 25% de las clases en español.

Simó ha cargado contra el Poder Judicial acusando al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC) de "entrar en campaña" con su orden de que se impartan un 25% de las materias en castellano en una de las aulas de esas tres escuelas catalanas. La dirigente secesionista, incluso, ha anunciado que su consejería presentará un recurso al Tribunal Supremo (TS) para impedir que se aplique ese mínimo de bilingüismo.

Simó ha expresado su indignación después de que el TSJC haya estimado parcialmente tres recursos de particulares para que sus respectivos centros educativos utilicen también el castellano, "como mínimo, además de la asignatura o materia correspondiente al aprendizaje de esta lengua, otra área, materia o asignatura no lingüística curricular que se considere como troncal o análoga".

Acusa al TSJC de "hacer política"

La consellera de Educación del Govern considera que, con esta decisión, la justicia "hace caso omiso" de la nueva normativa catalana aprobada en el Parlament por los tres partidos secesionistas -ERC, Junts y la CUP-, junto al PSC y En Comú Podem, con el objeto de burlar otra sentencia firme del TSJC que había obligado a impartir ese mínimo de 25% de castellano en todo el sistema educativo de Cataluña.

Según Simó, "el TSJC hace política, y lo hace entrando en campaña electoral y desluciendo la legislación de la que nos hemos dotado el Parlament y la Generalitat", ha afirmado. A su peculiar modo de ver, el tribunal "está muy alejado de la realidad de los centros, una realidad que esta condicionada por el entorno sociolingüístico del alumnado".

Asimismo, la consellera -condenada por desobediencia por su papel como miembro de la Mesa del Parlament durante la tramitación de las denominadas leyes de desconexión de 2017- ha calificado de "absoluta vergüenza que ninguno de los procuradores que tiene la Generalitat haya recibido nada del TSJC", y que lo que sabe sea, según su versión, por medios de comunicación.

Recurso a la vista

Al ser preguntada sobre qué centros se ven afectados por la estimación parcial de estos tres recursos, Simó ha dicho que "aún" desconoce a qué escuelas se refiere el TSJC, y que ha pedido a su equipo que empiece a preparar el recurso de casación en cuanto reciba las resoluciones.

En opinión de Simó, con estas resoluciones el TSJC ha "querido avanzarse a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) sobre la cuestión de inconstitucionalidad" en relación a la ley de la Generalitat sobre las lenguas en la educación, que pretende hacer inaplicable ese porcentaje mínimo del 25% de clases en castellano.

Exclusión del castellano

Simó ha pedido además a su equipo y al Govern que "el lunes mismo", es decir el 17 de julio, se comience el trámite del nuevo decreto para desplegar el título segundo de la Ley de Educación de Catalunya (LEC), sobre usos lingüísticos en el sistema educativo, con el objetivo de dar lo que llama "seguridad jurídica" a las escuelas.

Así, el lunes comenzará el trámite de información pública para que "todo el mundo pueda hacer aportaciones en el plazo de dos meses", y añade que la tramitación del decreto puede durar como mínimo entre cinco y seis meses.

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