El alcalde de Reus, Carles Pellicer (1d), presentando mejoras en el cementerio / Cedida

El alcalde de Reus, Carles Pellicer (1d), presentando mejoras en el cementerio / Cedida

Política

KPMG destapa problemas económicos de la funeraria pública de Reus

La auditora desvela que FuneCamp tendrá tesorería negativa desde el primer año: lo tendrán que pagar los ayuntamientos

15 mayo, 2023 00:00

El Ayuntamiento de Reus, en Tarragona, oculta problemas financieros en la funeraria comarcal que impulsa junto a los ayuntamientos de Salou, Vila-seca y Constantí, según KPMG. La auditora desvela graves problemas económicos de la empresa pública desde el primer año, lo que obligaría a los consistorios colaboradores a cubrir las pérdidas. 

Lo dice la firma en un dictamen sobre la memoria de la funeraria al que ha podido acceder este medio, y que es demoledor. El informe sostiene que el proyecto presentado al resto de ayuntamientos maquilla las cifras para ocultar que FuneCamp, el nombre comercial, tendrá un flujo de caja negativo desde 2024, el primer año en el que la mercantil echará a andar. 

Cálculo maquillado: -1,5 millones en tres años

KPMG aduce que el Ayuntamiento de Reus, que gobierna Carles Pellicer (Junts), y que ha ungido a Teresa Pallarés como alcaldable de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo, esconde información. Deja fuera el concepto de otros gastos de explotación; calcula mal el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA); se deja fuera 410.000 euros de inversión inicial --aunque sí se cita anteriormente--; se olvidan los aprovisionamientos por valor de 1,1 millones en 2024 y se esconde por qué la empresa necesita 1,2 millones de euros para arrancar. 

Tanatorio de la Funeraria de Reus, que quiere ampliarse a otras localidades / Cedida

Tanatorio de la Funeraria de Reus, que quiere ampliarse a otras localidades / Cedida

Como consecuencia de este cálculo chapucero, la auditora estima que el flujo de casa o cash-flow para 2024, 25 y 2026 está mal calculado. El recálculo de KPMG fija que la tesorería será negativa por valor de 514.568 euros el primer año; 525.458 euros el segundo y 540.522 euros el tercero. En total, un boquete en caja de 1,58 millones de euros en los tres primeros años. 

Pérdidas netas: hasta 300.000 euros al año

Ese flujo de caja negativo tendría consecuencia directas en la cuenta de resultados. La funeraria comarcal de Reus, estima la auditora, facturará cerca de tres millones de euros cada año con unos 1.000 servicios en las cuatro poblaciones citadas, pero perderá dinero. ¿Cuánto? KPMG estima dos escenarios: el optimista y el pesimista. En el primer caso, FuneCamp se dejará 154.000 euros el primer año (2024) y 161.500 y 175.500 euros los siguientes. 

En el escenario pesimista, la enseña perderá 310.000 euros el primer ejercicio de operativa completa, por 327.000 euros el segundo y 355.000 euros el tercero. Con estos números, el cash-flow real, y no el incluido en la memoria, sería, en el mejor de los casos, de -727.415 el primer año. En otras palabras: Reus oculta que su proyecto de funeraria pública tendría un flujo de caja negativo de casi 730.000 euros. 

Lo pagarán los ayuntamientos implicados

Con estos mimbres, el operador supramunicipal tendrá que ser rescatado por los ayuntamientos implicados. Según el gigante auditor, las pérdidas recurrentes obligarán a "refinanciar o rescatarla" con "fondos propios de los socios". Con el objetivo, claro, de "reequilibrar la sociedad" y evitar escenarios peores. 

Estas situaciones, avanza KPMG, pasarían por la "imposibilidad de reparto de dividendos y reinversión de ganancias" o incluso la "necesidad de cumplimiento y revisión de los umbrales de presentación del concurso de acreedores --la insolvencia-- y/o la disolución". 

La cuota de mercado: hinchada un 25%

El dictamen, pues, aflora una preocupante situación financiera no informada por el Ayuntamiento de Reus. Pero es que la memoria presentada a los tres ayuntamientos socios está falseada. Lo está, por lo menos, en el campo de los servicios anuales, según el mismo informe. El gobierno municipal de Carles Pellicer sostiene que FuneCamp realizará 1.314 servicios el primer año, sin tener en cuenta las cuotas de mercado de los privados y de las aseguradoras

Por ello, KPMG corrige ese dato a la baja y lo sitúa en 982 servicios, un 25% menos que lo estipulado por los políticos. Esta situación se repetiría en los años siguientes, pues los impulsores subestiman el papel de los operadores alternativos, infiriendo una cuota de mercado irreal. Por ejemplo, en Salou, se estima que la funeraria pública gestionaría 134 servicios al año, por solo 5 los rivales. "No es razonable", estima la consultora. 

"Socialización de pérdidas" del Cementerio de Reus

¿Qué dice el mercado? Desde la industria funeraria se estima que las mejorables cifras financieras de la firma comarcal son "un intento de Reus de que el resto de municipios rescate subrepticiamente a su propia funeraria". Ello es así porque la funeraria de la segunda ciudad de la provincia de Tarragona opera el cementerio municipal, que lastra las cuentas de la sociedad municipal. 

Carles Pellicer, alcalde de Reus / EP

Carles Pellicer, alcalde de Reus / EP

Quizá por ello, el gobierno municipal de Pellicer no publica el balance de ingresos y gastos de la mercantil, llamada Serveis Funeraris Reus i Baix Camp. Integra el balance en toda la contabilidad del grupo municipal de empresas: Reus Serveis Municipals. 

La iniciativa avanza con sombras legales

En cualquier caso, los gobiernos municipales implicados están validando el proyecto pese a la desconfianza de los partidos de la oposición. En estos momentos, se ha aprobado la memoria inicial, y faltará el último trámite, el de aprobación definitiva, una vez resueltas las alegaciones presentadas. Con este calendario, desde Reus se prevé que el operador eche a andar en 2024. 

Ello si los previsibles recursos judiciales no tumban la iniciativa en los tribunales, como pasó en Barcelona con el dentista municipal de Ada Colau. De hecho, en aquella ocasión, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya alertó a los políticos impulsores del impacto sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, abriendo la puerta a responsabilidades penales por, sobre todo, posible malversación