El Defensor del Pueblo cierra su investigación sobre el acoso nacionalista en un colegio de Canet

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo (PSOE), ha determinado la conclusión de su investigación sobre posibles casos de acoso debido al uso de la lengua castellana en los colegios de Cataluña, después de recibir una información solicitada a la Generalitat en la que el gobierno secesionista catalán dice tener "adoptadas las medidas necesarias para evitar cualquier perjuicio o discriminación que por motivos de lengua de origen, cultura, religión, género u orientación sexual pueda darse en los centros educativos".

Así lo refleja la institución que dirige Ángel Gabilondo en su Informe anual 2022, que ha presentado este lunes en el Congreso de los Diputados.

El documento refleja que, con la finalidad de atender la preocupación de personas y colectivos que se dirigen al Defensor del Pueblo en relación con el aprendizaje y uso del castellano en el ámbito escolar en Cataluña, y por la prevención del "acoso o molestia que pudieran sufrir los alumnos por cuestiones vinculadas al uso de la lengua castellana", solicitó a la Consejería de Educación del Govern --encabezada por Josep Gonzàlez-Cambray, que siempre se ha mostrado favorable a la exclusión del castellano como lengua vehicular-- información sobre las medidas adoptadas en las distintas etapas educativas para prevenir tales conductas.

Los argumentos del Govern

En la respuesta recibida por el Defensor del Pueblo, la Generalitat "expresa su compromiso con la erradicación de cualquier actuación que pueda afectar a la convivencia en los centros, explicitado normativamente en el decreto de atención educativa al alumnado en el marco de un sistema educativo inclusivo, y que para el cumplimiento de esta norma tiene adoptadas todas las medidas necesarias para evitar cualquier perjuicio o discriminación que por motivos de lengua de origen, cultura, religión, género u orientación sexual pueda darse en los centros educativos".

Asimismo, el Govern secesionista de ERC destaca que al inicio de curso "proporciona a todos los centros educativos orientaciones claras y precisas para resolver cualquier eventualidad relacionada con la convivencia y el clima escolar y la existencia de protocolos específicos a seguir ante cualquier alteración de la convivencia, aprobados en el marco de la normativa que regula el proyecto de convivencia en los centros educativos". Tras recibir esta información, el Defensor del Pueblo ha determinado la conclusión de estas actuaciones.

Las explicaciones de la Generalitat, sin embargo, chocan tanto con su rechazo frontal a cumplir las sentencias firmes que obligan a dar al menos un 25% de clases en castellano en su sistema educativo, su legislación aprobada a posteriori de éstas para burlarlas y mantener la inmersión monolingüe obligatoria en catalán, como con las declaraciones de los miembros del propio Govern. Entre ellos, su propio presidente, Pere Aragonès, que ha alardeado incluso de haber acordado con el Gobierno español el incumplimiento de ese 25%, y del conseller Cambray, que hace apenas un par de semana calificaba de "aberrante" el hecho de dar alguna clase en castellano: "¡En Cataluña, la escuela en catalán!", exclamaba en su perfil de Twitter. Su radicalidad en este asunto es tal que, en el caso concreto de la familia de un niño de Canet acosada por haber solicitado recibir alguna clase en castellano, Cambray se personó al día siguiente en el colegio del niño en cuestión para expresar su respaldo al centro por excluir el español.

Gabilondo pasa página

El año pasado, el Defensor del Pueblo realizó el seguimiento de la ejecución e la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que impone sobre la Generalitat "el deber de garantizar que todos los alumnos del sistema educativo catalán reciban la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25%, en uno y otro caso". 

A pesar de su flagrante incumplimiento por la aprobación a posteriori de un decreto-ley del Govern y de otra ley del Parlament --aprobada por ERC, JXCat, PSC y En Comú Podem-- para burlar y hacer inaplicable de ese parámetro o cualquier proporción numérica --imposibilitándose, con ello, la educación bilingüe--, Gabilondo (PSOE) da por cerrado el caso y pasa ahora página con este pretexto: "El planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad y posteriormente de recurso de inconstitucionalidad contra dichas normas ha determinado necesariamente la finalización de estas actuaciones".