La nueva magistrada del Constitucional que rechazó el 25% del castellano se abstendrá en el recurso

La nueva magistrada del Tribunal Constitucional (TC) Laura Díez, propuesta por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos para el cargo, se abstendrá de redactar la ponencia que se le había encargado sobre los recursos de inconstitucionalidad del PP y Ciudadanos contra las leyes de la Generalitat elaboradas para burlar el 25% de clases en castellano en el sistema educativo de Cataluña dictado en sentencias judiciales firmes. Díez no podía hacerse cargo de esta cuestión por ser juez y parte de la misma, al haberse posicionado a favor de las tesis nacionalistas firmando dictámenes, como vicepresidenta del Consell de Garanties Estatutàries de la propia Generalitat, contrarios a ese porcentaje mínimo de educación bilingüe.

Díez ya ha comunicado formalmente al nuevo presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, su intención de abstenerse en el recurso sobre el 25%, que se deliberará en el pleno del próximo martes, así como en los sucesivos relacionados con este asunto, según ha adelantado El Mundo y confirmado fuentes jurídicas.

Todavía no lo ha formalizado

Sin embargo, Díez no podrá formalizar esta decisión hasta que se haga efectivo el reparto de las ponencias que, por norma, no sucede hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que ha tenido lugar este mismo jueves.

Las mismas fuentes explican que la abstención tendrá que formalizarse ante el tribunal y, luego, deberá aprobarse por el pleno del Constitucional. Solo después se fijará sobre qué magistrado recaerá el asunto.

La próxima semana el tribunal celebrará un pleno en el que, entre otras cuestiones, iniciará la deliberación sobre un asunto relacionado con la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre la ley catalana que elimina el 25% del castellano en las aulas. Según las fuentes, la magistrada se abstendrá también de dicha deliberación.

Dictámenes favorables a las leyes de la Generalitat

Díez, según consta en el portal web del propio Consell de Garanties Estatutàries, firmó el dictamen 3/2022, sobre la proposición de ley relativa al uso y aprendizaje de las lenguas oficiales a la enseñanza no universitaria; y el dictamen 4/2022, sobre el Decreto-Ley 6/2022 en el que establece los criterios de elaboración de los proyectos lingüísticos de los centros educativos. En ninguno de los dos casos vio rastro alguno de inconstitucionalidad.

A pesar de tales precedentes, y de ser parte implicada en el asunto, Díez fue precisamente la magistrada designada como responsable de redactar la ponencia sobre los recursos que presentaron los diputados del PP y de Cs contra las leyes de la Generalitat que imposibilitan el bilingüismo en las aulas.

Esta ponencia, que estaba en manos del magistrado saliente Antonio Narváez, recayó en Díez después de que el presidente del tribunal, el magistrado Cándido Conde-Pumpido, repartiera las ponencias que estaban a cargo de los magistrados que salieron del Constitucional el pasado 9 de enero tras la renovación parcial del órgano.

Considera el catalán "centro de gravedad del sistema educativo"

En el texto firmado por Díez como vicepresidenta del CGE se destacaba que el Tribunal Constitucional --del cual forma parte ahora como magistrada-- no había considerado inconstitucional una ley que no contenga la declaración expresa del castellano como lengua vehicular. En el dictamen se insistía además en que el órgano de garantías había asegurado que no considerar al castellano como lengua también vehicular en la educación de Cataluña no era inconstitucional, porque a su modo de ver no implicaba su exclusión.

Se subrayaba a su vez que la legislación básica estatal en materia de educación "nunca", a excepción del período en que estuvo vigente la LOMCE (desde el 30 de diciembre de 2013 hasta al 19 de enero de 2021), había declarado el castellano como lengua vehicular.

También fue alto cargo de Moncloa

Sobre el hecho de que se usen el castellano y el catalán en Cataluña sin establecer porcentajes, el Consell de Garanties Estatutàries de la Generalitat también sostenía que estaba avalado por el Constitucional. El órgano del cual Díez era vicepresidente se posicionaba a favor de las tesis del nacionalismo gobernante en la Generalitat concluyendo que se había "admitido con toda naturalidad" que el tratamiento de las lenguas fuese "diferente en los diversos sistemas educativos que existen en las comunidades autónomas", lo que se traducía en "múltiples modelos lingüísticos de la enseñanza, todos considerados legítimos por la doctrina constitucional". En este caso, el Consell y Díez avalaban que se situara al catalán como "centro de gravedad del sistema educativo".

La abstención de Díez será la primera en el Constitucional, pues previsiblemente llegarán más derivadas de su anterior puesto como directora general de Asuntos Constitucionales en el Ministerio de Presidencia del Gobierno español, lo que la relaciona de forma directa con normas y decretos aprobados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.