Los nuevos cargos de los dirigentes de Junts tras salir del Govern

Para empezar, dos exconselleras ya han confirmado sus candidaturas como cabezas de lista de Junts en sus respectivos municipios. Es el caso de la exresponsable de Universidades en esta legislatura, Gemma Geis, que ahora optará a tomar el relevo de Marta Madrenas como alcaldesa de Girona. Y otro tanto ocurre con Meritxell Budó, consellera portavoz y de Presidencia durante el mandato de Quim Torra, y hasta hace dos meses secretaria de Atención Sanitaria y Participación en la Consejería de Salud. Ahora será la candidata de Junts a la alcaldía de La Garriga, pueblo del que ya fue alcaldesa de 2011 a 2019.

La lista del posconvergente Xavier Trias para desbancar a Ada Colau al frente del Ayuntamiento de Barcelona también apunta como posible destino de varios ex altos cargos de la Generalitat cesantes: la exconsellera de Acción Exterior Victòria Alsina, el expresidente del Puerto Damià Calvet, y el actual diputado en el Parlament y exconseller de Economía hasta 2021 Ramon Tremosa. Sus nombres ya se barajan como opciones para formar parte de la candidatura, aunque ésta no se conformará ni se dará a conocer hasta que Junts celebre sus primarias en 2023. Por ahora, Trias sólo ha desvelado quiénes serán sus números dos y tres: Neus Munté y Jordi Martí.

Font, a BIMSA, y Argimon, a la Fundación Pasqual Maragall

Quien sí ha encontrado acomodo ya en el ámbito municipal ha sido Ricard Font. Apenas unos días después de haber dejado de ser secretario general de Vicepresidencia, Políticas Digitales y Territorio de la Generalitat y mano derecha del conseller Jordi Puigneró, el pasado 28 de octubre fue nombrado director general de Barcelona de Infraestructures Municipals (BIMSA), la empresa municipal encargada de ejecutar actuaciones urbanísticas del consistorio. El nombramiento de Font recibió el apoyo de los comuns, del PSC y, curiosamente, de ERC, artífice de su marcha del Govern.

En los últimos días se han conocido también otros nombramientos, como el del exconseller de Salud Josep Maria Argimon en la Fundación Pasqual Maragall, en cuyo centro de investigación ejercerá como director de Infraestructuras Científicas del BarcelonaBeta Research Center (BBRC).

El exconseller Josep Maria Argimon, nuevo director de Infraestructuras Científicas del BBRC de la Fundación Pasqual Maragall / FUNDACIÓN PASQUAL MARAGALL

Sala, con los API, y Conesa, en Barcelona Global

Por su parte, quien fuera secretario de Vivienda de la Generalitat, Carles Sala, se incorporó en apenas dos semanas a la nueva junta de gobierno del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API). Un nombramiento que ha sido criticado por el Sindicat de Llogateres, al considerarlo un caso de puertas giratorias.

Otra dirigente con larga trayectoria en la Generalitat, Mercè Conesa, ha pasado de dirigir el Institut Català del Sòl --y previamente, el Puerto de Barcelona-- a ser nombrada chief executive officer de Barcelona Global, una asociación privada, según explica su web, sin ánimo de lucro, independiente y formada por 233 empresas, centros de investigación, emprendedores, escuelas de negocios, universidades e instituciones culturales, con más de 920 profesionales interesados en el fomento de la actividad económica de Barcelona.

La presidenta del Puerto de Barcelona, Mercè Conesa, y Damià Calvet / CG

Gerard Figueras, subdirector en DiR

Asimismo, resulta llamativo otro nombramiento: el de Gerard Figueras como subdirector general de la cadena de gimnasios DiR. Figueras fue cesado en octubre como secretario de Acción Exterior y de la Unión Europea del Govern, y previamente había sido director general de Deportes y Actividad Física de la Generalitat, cargo que ocupó de 2016 hasta junio de 2021. A finales del pasado noviembre, renunció a encabezar la lista de Junts en Vilanova i la Geltrú para las municipales, aduciendo motivos personales y profesionales. Figueras, por otra parte, es uno de los investigados en el caso de presunta corrupción en el Consell Esportiu de L'Hospitalet.

Grupo DiR ya dio cabida en su seno en el pasado a otras personas de la órbita convergente, como Eduard Pujol --contratado en el departamento de comunicación durante unos meses cuando abandonó el Parlament por acusaciones de acoso que no prosperaron--, o la esposa del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, Marta Ferrusola, que hasta 2015 presidió su fundación. Por otra parte, esta cadena de gimnasios recibió recientemente ayudas del Govern para hacer frente a la crisis del Covid. En abril de 2021, el entonces conseller de Empresa, Ramon Tremosa (JxCat), justificó la concesión por parte de su consejería de un total de 2,6 millones de euros: casi el 30% de las ayudas concedidas por el Ejecutivo autonómico a la reactivación industrial por el coronavirus. 

Gerard Figueras, ex secretario de Acción Exterior de la Generalitat

¿Qué dice la ley?

Situaciones de este tipo suscitaban antaño debates sobre la posible existencia de conflictos de intereses. Un profesional del Derecho apunta a Crónica Global que, antes de la publicación de la Ley de Incompatibilidades de 2005, no era posible que un alto cargo público trabajara en los dos años siguientes en el ámbito privado en temas relacionados con el área que había desempeñado. En la actualidad, sin embargo, el artículo 7 de dicha Ley 13/2005, de 27 de diciembre, referente a la “prohibición de intervenir en actividades privadas después del cese”, acota y matiza las posibles incompatibilidades, considerándolas como tales sólo en casos puntuales. Su redactado dice que los altos cargos al servicio de la Generalitat, en los dos años siguientes al cese, "no pueden cumplir actividades privadas relacionadas con los expedientes en cuya resolución hayan intervenido directamente en el ejercicio del alto cargo". Ni tampoco "suscribir, personalmente o por medio de empresas o sociedades en las cuales tengan una participación superior al 10% o que sean subcontratistas de éstas, ningún tipo de contrato de asistencia técnica, de servicios o similares con la Administración, los organismos, las entidades o las empresas del sector público en los cuales han prestado servicios como altos cargos”.

El artículo 8 considera compatible “la participación” en entidades privadas “sin ánimo de lucro”.

Giró pide un subsidio

Por otra parte, el único exconseller de Junts que consta que haya pedido cobrar la asignación especial para altos cargos de la Generalitat ha sido Jaume Giró, hasta hace dos meses responsable de la cartera de Economía. Todos los exconsellers del Govern tienen derecho a percibir una paga de 2.207 euros mensuales durante un máximo de 18 meses o hasta que encuentren trabajo. Otros se han reincorporado a sus empleos previos a la vida pública.

Según informó El Periódico, en los últimos años diversos consellers cobraron esta paga tras dejar sus cargos, como por ejemplo Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa tras ser cesados por la aplicación del artículo 155 de la Constitución tras el referéndum ilegal y la DUI de octubre de 2017, y posteriormente condenados a prisión e inhabilitados. En sus casos, agotaron los 18 meses. También percibieron este subsidio otros dirigentes del procés: Antoni Comín, Joaquim Forn, Lluís Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs, aunque no lo agotaron puesto que se incorporaron antes a la actividad laboral. Otro perceptor de esta paga fue el exresponsable de Acción Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch (ERC), después de dimitir al conocerse el escándalo de su jefe de gabinete, que presuntamente acosó sexualmente a varias trabajadoras.