Colau hace un hueco a Ricard Font en el Ayuntamiento tras 24 años en cargos convergentes
El exsecretario general de vicepresidencia y de Territori será el nuevo director general de la empresa pública Bimsa, que depende de Janet Sanz
11 octubre, 2022 16:48Ricard Font ha sido nombrado director general de la empresa pública Barcelona d’Infraestructures Municipals (Bimsa) un día después de quedarse sin empleo. El exsecretario general de la vicepresidencia de la Generalitat y del departamento del Territorio ponía este lunes el punto y final a nueve años como alto cargo convergente del gobierno catalán, pero en menos de 24 horas ha encontrado un nuevo empleo público de la mano de los comunes.
Según han explicado desde el consistorio, detrás de este fichaje está la buena sintonía que han mantenido en los últimos años Font y la teniente de alcaldía de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz. Es ella, una política que se la consideraba muy próxima a Colau pero que se ha distanciado del círculo de la líder de la formación, la encargada de gestionar la empresa pública que ahora dirigirá el convergente.
24 años en cargos públicos convergentes
Los mismos interlocutores tildan de “técnico” el fichaje, ya que Font es militante de Junts per Catalunya (JxCat) y mantiene el carné de partido. Es la segunda ocasión en que los comunes buscan cuadros en una formación que está en horas bajas. En 2016 ya se puso al frente de los trabajos de la unión del tranvía por la Diagonal el exconsejero convergente Pere Macías.
Font sustituirá al ingeniero Ángel Sánchez, que finalmente se jubilará. Abogado de formación, se incorporó a la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) en 1992. Su filiación política le ha permitido estar en cargos públicos vinculados con gobiernos convergentes desde hace 24 años.
Responsabilidades ejercidas
Primero, como jefe del consejero de Política Territorial de Obras Públicas a la demarcación de Girona (1998-1999) y como jefe del gabinete del consejero en Girona y responsable de las Relaciones Institucionales de Política Territorial y Obras Públicas (1999-2001). En 2011 fue nombrado director de Transportes y Mobilidad y en 2013 secretario de Infraestructuras y Mobilidad del departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat.
En los sucesivos cambios de Ejecutivo en Cataluña ha pasado por varias empresas públicas vinculadas a esta consejería. Fue presidente de IFERCAT (2015-2019), de Infraestructuras.cat (2015-2016); de Aeroports de Catalunya (2013-2018); de Ports de la Generalitat (2013-2018); de la Fundació Rego (2011-2018); del Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas de Barcelona (2013-2018); del Consorcio del Puerto de Mataró (2011-2018) y de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (2018).
Ha sido el vicepresidente del Patronato de la Fundación del Centro de Estudios del Transporte de la Mediterránea Occidental (CETMO) entre 2013 y 2018 y ha formado parte de los consejos de administración del Puerto de Barcelona (2017-2018); Cimalsa (2011-2018); de Barcelona Sagrera Alta Velocitat (2011-2018); del Incasòl (2013-2018); del Consorcio para la reforma de la Gran Vía de l’Hospitalet de Llobregat (2013-2018) y del Consejo Rector del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (2013-2018).
Plan ferroviario
En su última etapa en la Generalitat ha ejercido de mano derecha de Jordi Puigneró, que fue expulsado del Govern por el presidente Pere Aragonès acusado de deslealtad, ya que no le informó de que Junts le iba a solicitar someterse a una cuestión de confianza. Esta decisión es el germen de la salida de los neoconvergentes del Ejecutivo catalán.
Font ya comunicó a sus allegados durante el fin de semana que no pensaba continuar en la Generalitat como alto cargo de los republicanos. Se le considera el verdadero artífice de las políticas ferroviarias que ha defendido Puigneró en los últimos tiempos, incluidas las sucesivas peticiones del traspaso de Rodalies y el intento de alianza de los FGC con los ferrocarriles franceses. Políticas todas ellas que ahora quedarán en manos de sus sucesores en el cargo. Él, mantiene el salario público en el Ayuntamiento de Barcelona en un gobierno que se someterá al referendo de las urnas en siete meses.