El Tribunal de Cuentas celebra la vista previa al juicio por la malversación del 'procés'

Este viernes el Tribunal de Cuentas acoge la audiencia previa a la celebración del juicio contra una treintena de ex altos cargos del Govern por, presuntamente, desviar 3,4 millones de euros de las arcas públicas para financiar el proceso independentista de 2017.

La fiscalía estima que los presuntos responsables, entre los que figuran el expresident Carles Puigdemont y el exvicepresident Oriol Junqueras, destinaron 1,2 millones a la preparación del referéndum ilegal del 1-O y 2,2 millones más a la acción exterior en apoyo al procés. Estos últimos fueron a parar al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), a financiar viajes de los líderes independentistas y a las delegaciones de la Generalitat en el extranjero. No obstante, la fiscalía rebaja el montante presuntamente desviado por los líderes del procés, que inicialmente estimaba en unos nueve millones de euros.

Los demandados no asistirán

La audiencia de este viernes es un trámite previo a la celebración del juicio. Se centrará en la proposición de pruebas que las partes quieren que se practiquen en el juicio, así como en los testigos que declararán. Se trata de una vista a la que los demandados no están obligados asistir. Quienes sí lo harán serán sus abogados, quienes podrán alegar las razones por las que creen que el procedimiento no deben seguir adelante.

Entre los demandados se encuentran el expresident de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, el exvicepresident Oriol Junqueras, los ex consellers condenados por el Tribunal Supremo por malversación Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, a quienes la Fiscalía considera responsables solidarios, así como sus compañeros de Govern Antoni Comín y Lluís Puig, huidos de la Justicia. Han quedado excluidos el diputado de ERC Josep María Jove y el exdirector general de Patrimonio Francesc Sutrías.

Un proceso independiente al del Supremo

Hace unos meses el Tribunal de Cuentas devolvió los 2,1 millones de euros que ERC presentó como garantía de su presunta responsabilidad contable tras estimar una solicitud del exconseller Raül Romeva. Una decisión que adoptó después de que el órgano contable aceptase los avales presentados por la Generalitat a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) como garantía para hacer frente a las fianzas de los demandados.

Cabe recordar que el del Tribunal de Cuentas es un procedimiento es independiente a la causa dirigida por el Tribunal Supremo contra los líderes independentistas --que fueron condenados e indultados—y de la que todavía están pendientes los líderes fugados. A la denuncia de la fiscalía se suma también la presentada por la entidad Sociedad Civil Catalana (SCC), que reclama a los ex altos cargos el dinero que presuntamente desviaron para financiar el procés.