El Tribunal de Cuentas encara la recta final del procedimiento sobre el gasto del 1-O

El procedimiento que se sigue en el Tribunal de Cuentas sobre el presunto desvío de fondos para los gastos del referéndum ilegal del 1-O entra en su recta final. El próximo viernes tendrá lugar la celebración de una audiencia previa, en el que el caso podría quedar visto para sentencia en el caso de que ninguna de las partes plantee la práctica de pruebas.

El proceso afecta a figuras como el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia, así como el que fuera su vicepresidente, Oriol Junqueras, hoy en día aun líder de ERC, y otros anteriores altos cargos del Govern, a los que se reclama el pago de 3,4 millones de euros en concepto de responsabilidad contable. 

Probables pruebas

A todos ellos se le atribuye haber participado en el supuesto desvío de fondos públicos para una acción ilícita, como fue la organización y ejecución del referéndum del 1 de octubre de 2017.

No obstante, lo más probable es que las partes acudan a la audiencia previa con la solicitud de practicar pruebas, entre las que podría encontrarse tomar declaración a encausados y testigos, lo que alargará algo más el procedimiento.

Reducción de encausados

El Ministerio Público rebajó en su día la cantidad de 9,5 millones de euros que reclamaba el Tribunal de Cuentas, hasta los citados 3,4 millones, de los que 1,2 corresponderían a la organización de la consulta en sí mientras que el resto habría sido destinado a la acción exterior.

También a petición del Ministerio Público quedaron apartados del caso algunos de los inicialmente encausados, como fueron los casos de los exconsellers Joaquim Form y Josep Rull. 

La actividad de Diplocat

La Fiscalía precisó que la parte de la demanda dedicada a los gastos del 1-O "cumple la encomienda realizada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo" al condenar por malversación a Junqueras y a los exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull. También incluyó en su demanda a Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, igualmente huidos de la Justicia.

Respecto a la parte de la demanda relativa a los gastos de la acción exterior, el Ministerio Fiscal incluyó tanto los viajes realizados por el expresidente y los exconsellers como los gastos efectuados por las distintas delegaciones de la Generalitat en el extranjero y las diversas actividades del 'Diplocat', tanto aquellas destinadas a promocionar el proceso soberanista como otra serie de gastos.

A vueltas con las fianzas

Cabe recordar que en un principio el Tribunal de Cuentas rechazó los avales presentados por los acusados como fianza, valorada en 5,4 millones de euros, al provenir de una entidad pública como el Instituto Catalán de Finanzas (ICF).

Tras la intervención de la delegada instructora, esta modalidad fue finalmente admitida, aunque ERC ya había depositado una garantía de 2,1 millones de euros por la responsabilidad contable de exaltos cargos del Govern.