Primer aviso a Aragonès: se queda sin mayoría para aprobar un decreto ley
El ‘president’ retira la norma sobre reducción de la temporalidad de los funcionarios, que debía convalidar el próximo pleno del Parlament; desde Presidència alegan “cambios técnicos”
3 noviembre, 2022 00:00Pere Aragonès ha retirado un decreto ley por falta de apoyos parlamentarios, constatando así que preside un Gobierno en minoría. Se trata de un primer aviso que se produce en plena negociación de los presupuestos de la Generalitat de 2023.
Tras la salida de Junts per Catalunya (JxCat) del Govern, el republicano se ve obligado a buscar nuevas alianzas. De momento, ha tenido que dar marcha atrás en un proyecto legislativo importante, el destinado a la promoción interna y reducción de la temporalidad de las personas funcionarias de carrera, que debía ser aprobado en lectura única (procedimiento de urgencia) en el próximo pleno del Parlament. Fuentes del Departamento de Presidència, competente en materia de función pública, aseguran a Crónica Global que “después de conversaciones con grupos parlamentarios y agentes sindicales, se ha decidido hacer unas mejoras”. Añaden que la intención del Govern es presentar el nuevo proyecto lo antes posible.
Sin embargo, desde CCOO explican que había cosas en las que no estaban “totalmente de acuerdo, pero han sido los partidos políticos los que más han apretado”, según Manuel Fages, secretario de Políticas Públicas, quien confía en que la retirada “sirva para alcanzar el consenso en un nuevo texto”.
Por su parte, la diputada del PSC-Units, Marta Moreta, afirma que “nada justifica la urgencia con la que se quiere aprobar ese decreto, porque no tiene nada que ver con las órdenes del Gobierno para estabilizar plazas”. Se refiere a la ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, así como al real decreto ley 32/2021 de medidas urgentes para la reforma laboral y la garantía de la estabilidad en el empleo.
Según Moreta, el texto final presentado por la Generalitat a su grupo y a los sindicatos “no ha sido negociado”. Tampoco ayuda el hecho de que, tras la salida de Junts, el hasta ahora secretario de Administración y Función Pública, Joan Jaume Homs, se haya incorporado a la Consejería de Territorio.
El decreto catalán
El pasado 28 de septiembre, el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) publicó el decreto ley 12/2022 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, de fomento de la promoción interna y de agilización de la cobertura de puestos de trabajo con personas funcionarias de carrera, cuya finalidad es impulsar “de forma urgente y para su implementación inmediata” medidas adicionales para el fomento de la promoción interna de las personas funcionarias de carrera y otras que limiten la temporalidad en el empleo público, así como ocupación provisional de puestos de trabajo, en el ámbito de la Administración de la Generalitat de Cataluña.
Según la diputada Moreta, “el decreto alude a procesos de promoción interna ya regulados y no tienen nada que ver con un proceso de estabilización. Asimismo, el Govern pretende llegar a un 45% de la plazas, lo cual es un porcentaje muy alto y su gestión es casi imposible”. Otro de los puntos conflictivos para el PSC es la situación administrativa de los servicios especiales, “que también ya están regulados. No se trata de plazas vacantes, pues están reservadas mientras el titular cubre, por ejemplo, un cargo público”. Igualmente, sostiene Moreta, “nada tiene que ver con la estabilización de plazas que se valore como méritos, así lo pedimos nosotros, haber pasado por procesos selectivos en ejercicios anteriores, para que no tengan que volver a hacerlos”.
Sobre la tasa de reposición que se arroga el decreto catalán, Moreta recuerda que es el Gobierno el que la fija a través de los Presupuestos Generales del Estado. La socialista también cuestiona que se intente regular concretamente la escala de integración del personal funcionario del cuerpo superior de Administración de la Generalitat en la escala técnica de control y contabilidad del cuerpo de interventores.