El impulsor canadiense del CatalanGate dice que "defender la independencia es ilegal" en España

Ronald Deibert, fundador y director del instituto canadiense CitizenLab autor del informe CatalanGate sobre la presunta vigilancia a 65 dirigentes del procés con los programas Pegasus y Candiru, acusa a "una agencia de espionaje de España" de "operar sin control" en un documental de TV3 que se emitirá este domingo. El politólogo canadiense exige explicaciones al Estado sobre este caso en el reportaje de la televisión pública de la Generalitat --que da por cierta su versión sobre la cuestionada cifra de 65 mandatarios espiados--, y en el cual evidencia su sesgo afirmando, por ejemplo, que "en Cataluña, como tenéis esta situación con la Constitución, y el mero hecho de que la independencia se considera ilegal, el tema se trata de una forma muy diferente".

"Si esto pasara en Canadá, donde por ejemplo al primer ministro del Quebec y a todo su gabinete y a todos los miembros del Parlamento de Ottawa les hubieran hackeado los teléfonos desde Ottawa, sería un escándalo nacional. El Gobierno se colapsaría seguro, sospecho. Pero en Cataluña, como tenéis esta situación con la Constitución, y el mero hecho de que defender la independencia se considera ilegal, el tema se trata de una forma muy diferente a lo que se haría aquí", manifiesta Deibert en un vídeo difundido por el programa 30 Minuts de TV3 para promocionar su documental "Pegasus, el espía en el bolsillo". Unas declaraciones que, según apuntan entidades constitucionalistas como Foro de Profesores, demuestran su "gran desconocimiento de la situación política en España", donde a diferencia de otros países europeos los partidos secesionistas son legales y gobiernan, por ejemplo, en la Generalitat de Cataluña.

A pesar de esta realidad, Deibert se muestra "sorprendido" de que se "desestimara como un tema local de Cataluña" el también llamado caso Pegasus --un programa que, de hecho, también se detectó supuestamente en el móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez--. "Si pensáis que esto es un  tema de Cataluña estáis muy equivocados. Esto tiene que ver con una agencia de espionaje en España que opera sin control". 

18 escuchas con autorización judicial

Sobre este último punto, cabe recordar que el Centro Nacional de Inteligencia explicó el pasado 5 de mayo que el juez autorizó 18 escuchas, plenamente legales, a dirigentes del procés por el referéndum ilegal y unilateral de secesión del 1-O de 2017. Una cifra muy alejada de los 65 independentistas que, según CitizenLab, han sido espiados, y que es la que TV3 da, de hecho, por cierta con sus afirmaciones: "El CatalanGate, con 65 infecciones confirmadas, es el cúmulo de casos de espionaje más grande que nunca se ha encontrado el laboratorio CitizenLab", sostiene el perfil de Twitter de su programa 30 Minuts.

CitizenLab rechaza una investigación externa

Las exigencias de transparencia y las cifras de Deibert contrastan, sin embargo, con su rechazo y el de CitizenLab a permitir que éstas sean verificadas y contrastadas por otras voces académicas o instituciones externas. Así, el pasado mes de julio, más de 120 de profesores --la mayoría de ellos, universitarios-- y profesionales de diversos ámbitos de España y otros países enviaron una carta a la Universidad de Toronto para pedirle que autorice una investigación independiente al apreciar deficiencias metodológicas, falta de neutralidad, rigor y conflictos de intereses en el informe del laboratorio canadiense. Los firmantes de la misiva --difundida por la plataforma constitucionalista Foro de Profesores-- lamentaron la "decisión de no permitirla", exponiendo a su vez sus argumentos y sospechas por los cuales ven imprescindible poner luz en todas esas carencias y defectos.

Entre las razones esgrimidas por estos expertos figuran, por ejemplo, la falta de transparencia del estudio de CitizenLab, la posible existencia de errores y falsos positivos de ciberespionaje y el hecho de que uno de sus ocho autores sea Elies Campo, un activista independentista sin licenciatura universitaria acabada ni experiencia en la elaboración de trabajos académicos, que además habría inflado su currículum atribuyéndose cargos en Telegram, compañía de la que fue colaborador externo sin remuneración ni vínculo contractual.

Sin pruebas de la mitad de los supuestos infectados

También desde el ámbito de la ciberseguridad han surgido voces que cuestionan el trabajo de CitizenLab. Jonathan Scott, hasta fechas recientes investigador de softwares maliciosos de la Northcentral University de Arizona, publicó a principios de julio un documento de 60 páginas en el cual acusaba al laboratorio de la Universidad de Toronto de falta de rigor y de anteponer los intereses de los independentistas a la verificación científica. Así, en una de sus páginas considera “evidente que la presión para publicar el CatalanGate” ha dejado de lado la “verificación y validación científica” de los datos. Según él, en el 55% de los casos no se puede demostrar que los teléfonos de los independentistas catalanes fueran infectados por Pegasus. Y añade que otros estudios independientes revelan que el 88,9% de los casos que se creen afectados por Pegasus son falsos positivos. Scott reclama tener acceso a los análisis forenses, por ahora también sin éxito.

TV3 equipara a España con Polonia y Hungría

A pesar de todo ello, TV3 promociona el documental de este domingo en su página web con un posicionamiento claro a favor de las tesis de Deibert, equiparando a España con otros países como Polonia y Hungría.

"En nombre de la seguridad nacional se ha accedido a los móviles y sus datos, no sólo de criminales, sino de oponentes políticos o miembros de la sociedad civil", expone la televisión pública de la Generalitat, que insiste en la idea de que esas 65 infecciones que CitizenLab rechaza que sean contrastadas son "confirmadas". Y, para dar apuntalar ese posicionamiento, se limita a dar voz en dicho artículo en su web a dos activistas secesionistas: Elies Campo, uno de los ocho coautores del estudio, quien afirma que "el número de casos del CatalanGate duplica al más grande que habíamos encontrado hasta ahora en un país de Oriente Próximo"; y Sergi Miquel, director del Consell per la República del prófugo Puigdemont y supuestamente también vigilado: "Se les ha ido la pinza, mucho. No sólo cuantitativamente; cualitativamente se han pasado, han cruzado líneas que un Estado de derecho no puede cruzar".

"Los casos que ni Madrid ha osado reconocer"

TV3 sentencia su promoción del documental --en la cual no aparecen voces que defiendan al Estado-- con este párrafo: "Ahora, alguna cosa podría cambiar. El escándalo de espionaje indicriminado es tan gordo que incluso en Parlamento Europeo ha abierto una comisión de investigación que podría desembocar en algún tipo de regulación. El CatalanGate, sin pretenderlo, podría haber sido el detonante final. Quedará por ver si traerá cambios a nivel estatal o si nunca se sabrá quién operaba el programa en todos los casos que ni Madrid ha osado reconocer". Acusando, así, veladamente al Estado de estar tras ese supuesto espionaje a una sesentena de mandatarios secesionistas --algo que no se ha demostrado-- y obviando otros hechos como que la propia Eurocámara aprobó el año pasado una enmienda para investigar la supuesta trama rusa del expresidente de la Generalitat fugado Carles Puigdemont.