Adiós al mandato del 1-O

Hace poco más de un año, ERC y Junts per Catalunya (JxCat) renovaban sus votos y se conjuraban para formar un gobierno que cumpliera con el "mandato del 1-O". No fue fácil que estos rivales políticos se pusieran de acuerdo, pues ese pacto venía precedido de una legislatura en la que ya afloraron las divergencias de los socios. Y es que, tras el referéndum de 2017, la aplicación del artículo 155 y la condena a los dirigentes del procés, ambos partidos optaron por estrategias diferentes que esta semana han colisionado de tal forma, que la coalición de Govern pende de un hilo.

Las nuevas hostilidades entre republicanos, por primera vez al frente de la presidencia de la Generalitat y firmes defensores del diálogo con el Gobierno, y neoconvergentes, que todavía no han decidido si virar hacia el pragmatismo que impone una nueva realidad social, han mutado en esta ocasión en pura exhibición de sus miserias internas. El detonante ha sido la propuesta, por parte de JxCat, de que el presidente Pere Aragonès se someta a una cuestión de confianza porque, a su juicio, no hay avances en el camino hacia la independencia.

Los presos del 'procés' durante el juicio en el Tribunal Supremo, que les condenó por sedición y malversación, entre otros cargos / EFE

La respuesta de ERC ha sido la destitución fulminante de Jordi Puigneró como vicepresidente del Govern, lo que ha colocado a JxCat en un callejón sin salida. Llevaban semanas amenazando con someter su salida del Ejecutivo al parecer de su militancia. Y ahora se ven obligados a cumplir. Pero, en un intento por reconducir la situación, el secretario general de JxCat, Jordi Turull, confía en negociar in extremis con ERC y evitar una ruptura que rechazan tanto los consejeros de la Generalitat como los alcaldes y cargos territoriales.

Tanto Aragonès como Albert Batet, al frente del grupo parlamentario de Junts, admitieron el hartazgo que estas escaramuzas generan en la ciudadanía. Llueve sobre mojado, pues en vísperas de la celebración del quinto aniversario del 1-O, y especialmente, en plena crisis por el alza de precios y la crisis sobrevenida, el Govern ha perdido la oportunidad de demostrar en el Debate de Política General (DPG) que el bien común está por encima de los intereses partidistas.

Enrocamiento convergente

Ni siquiera en el terreno identitario hay consensos que permitan hablar de un gobierno cohesionado. ERC apuesta por la vía política como solución al conflicto. Y aunque es casi imposible que arranquen del PSOE un “acuerdo de claridad” sobre un referéndum legal y pactado --así lo reclamó Aragonès en el DPG--, los republicanos han soltado lastre del enrocamiento neoconvergente, que ahora pide concreciones, compromisos y plazos, azuzado por un sector duro que todavía mira hacia Waterloo, sede del fugado Carles Puigdemont.

Quien también se ha demarcado del Govern y de sus compromisos de investidura es la CUP, que se negó a apoyar los Presupuestos de la Generalitat de 2022, liberando así a Aragonès de su compromiso de someterse a una cuestión de confianza en el ecuador del mandato --se cumple en mayo del 2023, coincidiendo con las elecciones municipales. Los antisistema también querían monitorizar los avances en la implementación de la "república catalana", que al igual que Junts consideran nulos. Pero los neoconvergentes forman parte del Govern, mientras que los cupaires se mantienen al margen de las hostilidades, repartiendo culpas a ambos socios.

La alternativa de PSC y comunes

Mientras tanto, y aquí reside posiblemente el motivo de que los socios independentistas sigan condenados a entenderse, PSC y comunes extienden la mano a ERC.  Los socialistas son el primer grupo parlamentario, pues ganaron las elecciones de 2021, mientras que En Comú Podem ha estrechado lazos con Aragonès, hasta el punto de apoyar sus Presupuestos de 2022 y prepararse para una alianza con los republicanos en el Ayuntamiento de Barcelona tras las elecciones de 2023. La alternativa de un tripartito, impensable hace un año, es la salida que tiene Aragonès para acabar la legislatura, ya sin cordones sanitarios, pero sin garantías de estabilidad y con JxCat en la oposición, más fiscalizadora que nunca.