El final político de Laura Borràs ensalza el papel investigador de los Mossos

Fueron los Mossos d'Esquadra. La policía catalana dirigió las pesquisas sobre el presunto troceamiento de los contratos en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) que ha terminado derivando en caso judicial de presunta corrupción por presunta prevaricación y falsedad documental que, salvo sorpresa, liquidará hoy la carrera política de Laura Borràs, aún presidenta del Parlament, pues una mayoría de grupos parlamentarios apoya su relevo. 

De este modo, Anticorrupción de los Mossos ve reivindicado su trabajo y, también, el intendente Toni Rodríguez, ahora apartado de la unidad. Porque aunque la juez que instruyó el procedimiento, la titular de la sala número 9 de Barcelona, apartara al cuerpo autonómico de seguridad de la investigación, lo hizo cuando ésta había concluido. 

Filtraciones

La togada entregó la causa a la Guardia Civil por filtraciones en torno a la misma, que llevaron a la entonces investigada a presumir en directo en RAC1 que el exconsejero catalán de Interior, Miquel Buch, le aseguró que "no la investigaban". Fue en noviembre de 2018, cuando la causa se seguía en Instrucción  número 9 y la entrevista en la radio más escuchada de Cataluña cayó como un jarro de agua fría en la Ciudad de la Justicia. 

Pero el trabajo de la investigación ya estaba hecho por la policía catalana, y el instituto armado apenas tuvo que ordenar la documentación, tal y como recuerdan fuentes policiales. Tras ello, el caso fue cuesta abajo: la juez lo envió al Tribunal Supremo, que lo derivó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) cuando Borràs pasó del Congreso de los Diputados al Parlament (y le cambió el aforo), el cual, a su vez, se declaró competente para la causa. Ahora, esta misma semana, ha abierto juicio oral contra Borràs y ha provocado que la condición de investigada de la presidenta sea incompatible con su puesto de jefa de la Cámara autonómica. 

Lo llevaba Divisas

Antes, el caso recaló en los despachos de la policía autonómica de casualidad, pues lo llevaba la Unitat Central de Falsificació de Moneda (UCFM). Seguían a Isaías Herrero, amigo de Borràs y condenado por narcotráfico que, en aquel momento, trajinaba presuntamente con divisas. En una comunicación intervenida al informático y vecino de Vacarisses se descubrió que éste se jactaba de "trapis" con Borràs en la ILC. 

Allí empezó todo, pues el caso pasó del crimen convencional a la presunta corrupción. En este contexto se explica el cambio de unidad y las diligencias practicadas por los agentes. El troceamiento de contratos, cuyos indicios son colosales gracias a los correos electrónicos que intercambiaron la política y el profesional, constituyó un caso judicial por presunta corrupción para nada complicado. Borràs permanece a día de hoy con su presunción de inocencia intacta, pero los indicios de mala gestión son apabullantes. 

Toni Rodríguez, apartado

Acabe como acabe el caso Borràs, lo factual es que la persona al mando del trabajo que afloró las presuntas prácticas de mala gestión de presidenta del Parlament ya no está. El intendente Toni Rodríguez fue apartado como jefe de Anticorrupción de los Mossos a principios de este mismo año. El policía ha sido destinado a la comisaría de Rubí (Barcelona), donde ahora comanda el Área Básica policial. Eso sí, apartado de las investigaciones políticas que afectan a, entre otros partidos, Junts per Catalunya (JxCat). El movimiento fue leído en círculos políticos como una purga en el seno de la policía catalana. 

Toni Rodríguez, intendente de Mossos, señala injerencias por parte de Eduard Sallent / MOSSOS

En cualquier caso, y a la espera del resultado del juicio contra Borràs en el TSJC, la labor del funcionario queda reivindicada por la incompatibilidad política aflorada por las presuntas malas praxis de la segunda máxima autoridad autonómica al frente de la ILC. 

La unidad, blindada

Quizá por ello, el propio consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, presentó en enero un nuevo protocolo para proteger a la unidad Anticorrupción de interferencias políticas. La hoja de ruta prevé que solo jueces y fiscales conozcan la labor de los investigadores para que los cargos electos no puedan entrometerse en las mismas. Lo hizo Elena después de que el propio Rodríguez pidiera amparo al TSJC ante la falta de apoyo a su trabajo por parte de la cúpula que sustituyó a Josep Lluís Trapero, exmayor de la policía regional. 

De este modo, se ha blindado la unidad cuyo trabajo hará caer a Borràs, no sin críticas de la oposición, que ha alertado por boca de PSC-Units de que los dos nuevos jefes de los Mossos, Josep Maria Estela y Eduard Sallent, son demasiado cercanos a los dos partidos que conforman el Govern, ERC y Junts.