El único imputado por el doble crimen de Susqueda demanda al intendente de los Mossos Toni Rodríguez

Jordi Magentí, el único investigado por el doble crimen del pantano de Susqueda, ha presentado una demanda contra el intendente de los Mossos d’Esquadra Toni Rodríguez alegando que vulneró su derecho fundamental al honor y la presunción de su inocencia. Por el señalamiento público que sufrió, Magentí solicita una indemnización de 30.000 euros por los daños morales causados, avanza el Punt Avui.

Los hechos por los que el procesado ha presentado la demanda se remontan al 26 de febrero de 2018, cuando Rodríguez –que entonces era jefe de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d’Esquadra—afirmó ante los medios de comunicación que la detención de Magentí se había realizado “con el convencimiento policial de la autoría indubitada de esta persona”.

Lo trasladaron a cara descubierta

Ahora, su abogado Benet Salellas considera que Rodríguez se extralimitó en sus funciones y no protegió la identidad del sospechoso –y por lo tanto su derecho a la intimidad—cuando lo trasladaron ante los medios de comunicación a cara descubierta para efectuar un registro en su domicilio.

Asimismo, el letrado entiende que las declaraciones del intendente ante los medios no estaban justificadas porque todavía no se había practicado ninguna diligencia ni el detenido había pasado a disposición judicial.

Cita al juez instructor

El juzgado de primera instancia número 5 de Girona celebró este jueves una vista preliminar y decidió fijar el juicio para el 8 de septiembre. Asimismo ha citado a las periodistas Anna Punsí y Marina López  --que publicaron la noticia de la detención en la SER y la ACN—y al juez instructor del caso, Javier Burgos. La decisión de citar a Burgos se debe a que Rodríguez, lejos de retractarse, aseguró que hizo esas declaraciones con el beneplácito del juez.

Salellas, que ha aportado documentación relativa a varios medios que publicaron detalles sobre el detenido, ha solicitado que el caso se juzgue por la vía administrativa y no por la civil por la implicación de la Administración Pública.