Borràs fracasa en su intento de evitar el cese por trocear contratos

Lo intentó, pero no ha podido ser. Tras tomar posesión del cargo como presidenta del Parlament, Laura Borràs (JxCat) intentó modificar los artículos del reglamento de la Cámara que regulan el cese de los diputados investigados por corrupción. En realidad, según los juristas consultados, se trata de una "chapuza jurídica" introducida en esa norma por exigencia de la CUP y que deja en manos de una decisión política el cese de los parlamentarios. En este caso, de Borràs quien, en este sentido, tiene los días contados.

ERC, En Comú Podem y PSC le han pedido que anteponga “el prestigio” de la institución que representa a su situación personal. Pero la presidenta de Junts per Catalunya (JxCat) se siente víctima de una persecución política. La justicia ha concluido por segunda vez la instrucción y ha dado traslado a la fiscalía para que se pronuncie sobre la apertura de juicio, tras constatar que hay indicios de que Borràs cometió los delitos de falsedad, malversación, prevaricación y fraude administrativo por trocear contratos para favorecer a un amigo cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes.

El hemiciclo del Parlament vacío, donde se produjo el pleno los días 6 y 7 de septiembre de 2017 / EFE

Se trata de delitos que, popularmente, se relacionan con la corrupción. Pero en el Código Penal no existe un tipo penal como tal. De ahí la ambigüedad del artículo 25.4 del Reglamento, según el cual, “en los casos en que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción --expresión que incita a la  confusión por los motivos antes citados--, la Mesa del Parlamento, una vez sea firme el auto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento del mismo, debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de forma inmediata. Si se plantean dudas sobre el tipo de delito o sobre el régimen de incompatibilidades aplicables a lo largo de la suspensión, es necesario el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados”. Dicho de otra manera, se deja en manos de la Mesa la decisión de suspender a un miembro de la Cámara “sin votación y sin mayoría cualificada”.

De ahí que estos expertos consultados aseguren que, lo más factible, es que la suspensión de Borràs proceda del artículo 25.1, que prevé la medida “si es firme el auto de procesamiento o de apertura de juicio oral y el pleno del Parlamento lo acuerda por mayoría absoluta, dada la naturaleza de los hechos imputados” o “por acuerdo del pleno, adoptado por mayoría absoluta, si han sido condenados por sentencia firme a una pena de privación de libertad que imposibilite su asistencia a las sesiones plenarias”.

"Si lo pide un diputado"

La suspensión a la que se refiere este artículo también puede producirse “si lo pide un diputado afectado, con la conformidad del portavoz de su grupo parlamentario, por una de las causas que se mencionan. En este caso la Comisión del Estatuto de los Diputados debe emitir un dictamen y la Mesa del Parlamento debe resolver la solicitud”.

En definitiva, la vía más probable de suspensión será la política. Y ahí entra en juego la decisión de ERC de salvar o proteger a la dirigente neoconvergente. La CUP ya ha avanzado que no protegerá a la investigada. De hecho, tal como explicó Crónica Global, el citado artículo 25.4 de la norma parlamentaria se introdujo en 2017 a petición de los antisistema, quienes aprovecharon la reforma del Reglamento llevada a cabo con la finalidad de aprobar en lectura única --por la vía de urgencia-- las leyes de desconexión --referéndum y transitoriedad-- para endurecer las medidas contra la corrupción.

JxCat exigió ayer un frente común a ERC y CUP para impedir que prospere lo que califican de “persecución política” y de “lawfare de manual”.