La ley catalana del despilfarro alimentario se estrella contra la norma nacional

En marzo de 2020, Cataluña se dotó de la primera ley europea que regula y sanciona el despilfarro alimentario. Dos años después, su reglamento todavía no está aprobado, lo que impide aplicar medidas pioneras cuya finalidad es fomentar el aprovechamiento de los alimentos a lo largo de toda la cadena de producción y servicios. Por su parte, el Gobierno español acaba de aprobar su propia ley, lo que puede provocar nuevas demoras pues en el caso de que el texto incluya instrucciones dirigidas a las comunidades autónomas, Cataluña debería adaptar su propia norma.

La Consejería de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural asegura que el reglamento que desarrolla la ley 3/2020 de prevención de las pérdidas y del despilfarro alimentario se aprobará este año. “Pero el Govern llega tarde. Como tantas otras leyes que se tramitan en el Parlament, que una vez aprobadas, parece que todo da igual”, denuncia el portavoz adjunto de PSC-Units, Raúl Moreno, impulsor de esa norma.

Raúl Moreno, secretario de Políticas Sociales e Igualdad del PSC / LENA PRIETO (CG)

El desperdicio alimentario es la comida que se pierde o se tira a lo largo de toda la cadena alimentaria, es decir, desde el campo a los hogares. Según los datos de la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria, anualmente, se derrochan 260.000 toneladas de alimentos en los hogares, restaurantes, bares, servicios de comidas y comercios catalanes.

En Cataluña se tiran 262.471 toneladas de alimentos sólidos que se podrían haber aprovechado. Esta cifra equivale a 34,9 kg de media por habitante y año. El 58% de lo que se tira se genera en los hogares. Con esta cantidad se podría alimentar medio millón de personas durante todo un año.

Causas del derroche

La industria alimentaria, los comercios y las actividades agrícolas generan más alimentos (excedentes) de los que pueden comercializar por varias razones: defectos de envasado, fecha de consumo a punto de expirar, sobreproducción, sobre pedido, dificultad para prever la demanda diaria, dificultad para comercializar alimentos aptos con defectos de calidad, etc.

Representantes de Mercadona y de Cruz Roja de Cataluña durante la última entrega de alimentos / CEDIDA

La nueva ley catalana, fruto de los trabajos de los grupos parlamentarios y de las aportaciones de 40 representantes de diferentes sectores implicados, de quería combatir todo eso. Está dirigida a empresas alimentarias, hostelería y restauración, así como a las ONG que se dedican a la distribución de alimentos, administración pública, consumidores y los espigoladors, un movimiento que trabaja en favor de ese aprovechamiento alimentario y la creación de oportunidades laborales para colectivos en situación de riesgo de exclusión social.

Régimen sancionador

La ley catalana establece un régimen sancionador propio aplicable a las empresas que, mediante estas prácticas, distorsionan el correcto funcionamiento de la cadena alimentaria. También preveía que, antes de un año de la entrada en vigor de la ley –fue publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña el 13 de marzo—debía estar aprobado el reglamento de desarrollo.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. PERTE / MONCLOA

Durante 2021 se llevó a cabo el proceso de consulta pública en el que las entidades del sector podían hacer sus aportaciones para aprobar ese reglamento.

Por su parte, el pasado 7 de junio, el Gobierno acordó remitir a las Cortes el Proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. Fuentes parlamentarias aseguran que esa norma es prácticamente una copia de la ley catalana. De hecho, el Ministerio de Agricultura no esconde que se inspiró en ella. La guerra en Ucrania y los problemas de abastecimiento aceleraron esa legislación estatal, que puede complicar todavía más la aplicación de la norma catalana. Hay que esperar a conocer el texto final, pues acaba de comenzar la tramitación parlamentaria, pero si la ley española incluye instrucciones a las comunidades autónomas, Cataluña deberá adaptar su propia legislación.