La sentencia del Estatut, el referente de los que apoyan y los que recurren la ley del catalán

La ley de usos lingüísticos en la escuela va camino del Tribunal Constitucional. Así lo han advertido PP, Ciudadanos y Vox, que rechazan una norma que, a su juicio, no cumple con la sentencia que obliga a impartir un 25% de horario lectivo en castellano. Curiosamente, tanto los detractores de la nueva ley como sus defensores invocan una sentencia especialmente polémica para avalar sus tesis: la que recortó el Estatut.

En 2010, el Tribunal Constitucional (TC) respondió al recurso presentado por el PP contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña aprobado en 2006. Entre los artículos impugnados y analizados por los magistrados figura los que regulan el uso del catalán y el castellano.

Qué dice el Estatut

Según la sentencia, “ambas lenguas deben ser no sólo objeto de enseñanza sino medio de comunicación en el conjunto del proceso educativo” y “resulta perfectamente legítimo que el catalán, en atención al objetivo de la normalización lingüística en Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo, siempre con el límite de que esto no determine la exclusión del castellano como lengua docente de forma que quede garantizado su conocimiento y uso en el territorio de la Comunidad Autónoma”.

El pleno del Parlament / EP

Así lo recordó ayer la diputada de PSC-Units, Esther Niubó, en el debate previo a la votación de la ley, fruto del acuerdo de Junts per Catalunya, ERC, En Comú Podem y los socialistas. Un debate tenso, ya que Ciudadanos, PP y Vox acusaron al partido liderado por Salvador Illa de “traición” y de hacer seguidismo del “monolingüismo rancio” de los independentistas. El texto aprobado en el Parlament establece que el catalán es el idioma normalmente utilizado como lengua vehicular y otorga al castellano la categoría de curricular.

Acreditación del uso de las lenguas

El presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, que asesora jurídicamente a las familias que han defendido ante los tribunales su derecho a escolarizar a sus hijos en castellano, considera que, si bien el TC, en su sentencia 31/2010, defiende el catalán como centro de gravedad en la enseñanza, lo hace “con una salvedad: reconoce la igualdad de tratamiento de castellano y de catalán como lenguas vehiculares y sólo justifica que el catalán sea el centro de gravedad si se acredita su justificación en la normalización lingüística”.

José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, en una imagen de archivo / EP

En efecto, el fallo del Estatut indica que “el deber de hacer del catalán vehículo de expresión normal en los centros docentes se vincula directa y exclusivamente con la finalidad de normalización del uso de catalán y no cabe considerar que dé lugar a la creación de un entorno idiomático forzado”.

Consejo de Garantías Estatutarias

De hecho, los tres partidos que rechazan la recién aprobada ley del catalán en la educación aludían a esa sentencia del Estatut en su petición de dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE). Recordaban que, a juicio del tribunal, “es doctrina constitucional consolidada que los poderes públicos deben observar el límite de la no exclusión del castellano como lengua docente y deben garantizar su uso y conocimiento en el territorio de la comunidad autónoma” y que "no puede ponerse en duda la legitimidad constitucional de una enseñanza en la que el vehículo de comunicación sea la lengua propia de la Comunidad Autónoma y lengua cooficial en su territorio, junto al castellano”. El CGE avaló la nueva ley catalana.

¿Qué parte tiene razón? Domingo recuerda que “el Tribunal Supremo ha interpretado esa sentencia en el sentido de que las dos lenguas deben ser vehiculares. En todo caso, será bueno que el TC analice la nueva ley. Servirá para actualizar los criterios del Tribunal y dejará claro que no se puede legislar a favor de la preferencia del catalán”.