Escuela de Todos ve inconstitucional la ley del catalán del Parlament por relegar al castellano

La aprobación en el Parlament de Cataluña de la ley que sólo contempla al catalán como lengua vehicular en el sistema educativo de la Generalitat, relegando al castellano como lengua "de uso curricular", ha generado indignación de las entidades defensoras del bilingüismo en la autonomía.

La plataforma Escuela de Todos, de la cual forma parte Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) y una quincena de asociaciones más, considera que la norma aprobada este miércoles por el PSC, ERC, JxCat y En Comú Podem vulnera la Constitución española, ya que establece la "preferencia" del catalán en las aulas considerándola como lengua "propia" de Cataluña, por lo cual instan al Defensor del Pueblo a recurrirla ante el Tribunal Constitucional (TC).

Desigualdad de trato

Las entidades probilingüismo también recuerdan en un comunicado que el texto aprobado por socialistas, independentistas y comuns no da satisfacción ni respuesta a la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que obliga a que al menos un 25% de las clases se impartan en castellano --la nueva ley no contempla ningún porcentaje mínimo--, ni tampoco puede impedir su ejecución.

Escuela de Todos destaca que la nueva ley del catalán aprobada en el Parlament "establece una desigualdad en el tratamiento del castellano y del catalán en el sistema educativo que es incompatible con las exigencias constitucionales". En este sentido, la plataforma señala que que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut ya dictó que el castellano debe tener una igual utilización que el catalán. Por todo ello, "no puede establecerse una preferencia automática de una de las dos lenguas oficiales sobre la otra".

"Quiebra del Estado de derecho"

Los defensores del bilingüismo y del final de la inmersión lingüística monolingüe obligatoria en catalán impuesta por la Generalitat en las tres últimas décadas afean a los impulsores de la nueva ley que hayan establecido una "distinción" inconstitucional entre ambos idiomas. Así, apuntan que la ley justifica la presencia del castellano en la docencia por la necesidad de garantizar su dominio, mientras que en el caso del catalán su presencia se basa en su condición de "lengua propia" de Cataluña.

Las entidades probilingüismo enfatizan que la nueva ley no puede impedir la aplicación de la sentencia del TSJC que acaba con la inmersión lingüística y denunciarán "en todas las instancias" lo que consideran una "quiebra del Estado de derecho y de derechos democráticos básicos".

"Casi cinco meses después del momento en el que la sentencia tendría que haberse ejecutado, la pasividad, cuando no complicidad del Gobierno de España con quienes se niegan a acatar las sentencias judiciales, merece el más severo de los reproches", lamentan.