Los profesores temen una caza de brujas por la lengua que hablen en el aula. Así lo han reconocido en declaraciones a Crónica Global después de que el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, les haya avisado de que no pueden utilizar el idioma que quieran para impartir la clase, sino la que conste en el proyecto de cada centro. Ello puede propiciar rencillas y “chivatazos” entre los docentes, algunos de los cuales se sienten "señalados" si se pronuncian en contra de la forma de hacer del Govern, según denuncian.
“El proyecto lingüístico tienen que conocerlo todos los miembros de la comunidad educativa. No pueden optar en el uso de la lengua diferente al que tienen previsto en el documento”, ha manifestado el consejero en rueda de prensa, tras avisarles de que "son los últimos responsables" de que se cumpla. Para garantizar que así sea, la inspección educativa hará un seguimiento a través de visitas ordinarias o con planes específicos de actuación.
El consejero de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray / TONI ALBIR - EFE
Una educación politizada
Fuentes del colectivo consideran que la inspección no debe actuar como una “policía lingüística”, sino velar por que los proyectos sigan “las instrucciones pedagógicas” y que estén en consonancia con el entorno, “fuera de cualquier conflicto dentro de la política”.
Esta es, precisamente, una de las cuestiones en las que coinciden todos los docentes consultados por este medio. Creen que el Govern ha convertido la educación en un problema político, "algo que nunca debería politizarse". “Hay una batalla entre el Gobierno y la Generalitat y, desgraciadamente, cuando la política entra en un tema tan sensible como es la enseñanza, salimos todos perdiendo”, manifiesta el director de un colegio, quien vaticina que esta polémica lingüística generará todavía “más inquietudes y rifirrafes” en las escuelas.
Esquivando la sentencia del TSJC
Además, lamentan que con el nuevo decreto se pone "entre la espada y la pared" a las direcciones de los colegios, que deberán decidir si siguen las órdenes de la Generalitat o del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), quien podría no avalar la norma al no contener porcentajes, tal y como reclamaba. La sentencia ordenaba a la Generalitat impartir, al menos, un 25% de horas lectivas en castellano, mientras que el Govern omite cualquier “porcentaje o criterio numérico” del uso de las lenguas.
Algunas direcciones pueden verse "en una encrucijada". ¿Me la juego con el poder judicial o desatiendo las instrucciones del Govern?, plantean.
Un aula con alumnos de secundaria, como los que recibirán el taller 'Proyecto 'Maricón', con el que tres jóvenes de Mollerussa para combatir homofobia en las aulas/ EP
El decreto "no parará la ofensiva"
La Consejería de Educación envió este martes a primera hora las instrucciones a los centros educativos para que revisen, modifiquen y avalen sus proyectos lingüísticos a través de un cuestionario de siete preguntas, con tal de que se adapten al nuevo decreto. Una normativa que pretende esquivar la sentencia del TSJC y que ha provocado el rechazo unánime de todo el sector. Una parte la considera "insuficiente" y cree que, para hacer esto, mejor no hacer nada y desacatar la orden del TSJC. Es el caso de Iolanda Segura, de Ustec, quien lo ve como "un perjuicio para la lengua catalana --que es la que se tiene que proteger en el sistema educativo--", ya que da entrada a la vehicularidad también del castellano. Asimismo, avisa al conseller de que su estrategia no parará la "ofensiva judicial".
Otros, en cambio, ven que la norma quedará en papel mojado en el momento en que una familia solicite impartir el 25% de las clases en castellano, como ya ocurrió en anteriores ocasiones. Por lo que habrá sido una "pérdida de tiempo". "Lo que tendrían que haber hecho es cumplir con al sentencia y no marear la perdiz", manifiestan en declaraciones a este medio.
Con todo, está por ver si los tribunales "se creen o no esta triquiñuela" de la Generalitat o si, por el contrario, se mantiene el pulso por parte de un conseller de Educación que se enfrenta a unos tiempos convulsos en el colectivo que dirige. De hecho, este mismo miércoles el Govern ha llamado a los sindicatos educativos para retomar el diálogo y acabar con el enroque del conflicto labora. Eso sí, no lo hará Cambray. Ahora asume esta responsablidad la consejería de Empresa y Trabajo, encabezada por el también republicano Roger Torrent.