La opacidad de los viajes de Josep Lluís Alay, principal enlace de Carles Puigdemont con Rusia, se debe a la sistemática negativa del Govern a que sus cargos eventuales den explicaciones sobre su agenda.
Alay, jefe de la oficina del expresidente catalán, está en el foco del Parlamento Europeo, que investiga las conexiones independentistas con el Kremlin. Ya lo estuvo a nivel judicial, pues el caso Voloh destapó conversaciones en las que el historiador, así como Gonzalo Boye --abogado de Puigdemont-- y el convergente Víctor Terradellas se mostraban más que entusiasmados con la idea de que Vladímir Putin apoyara la independencia de Cataluña. En realidad, el Kremlin pretendía desestabilizar la UE. A eso jugaron los enviados del fugado, como muy explícitamente aseguró ayer el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián: “Eran señoritos que se creían James Bond”.
Señoritos con sueldos más que generosos. En el caso de Alay, el erario público le paga 105.676 euros al año por dirigir la oficina del expresidente Puigdemont.
Captura del canal de noticias ruso 24 horas, con la noticia de la detención de Puigdemont
“El personal eventual no tiene condición de alto cargo y sus funciones se circunscriben a las de confianza de asesoramiento, quedando excluido de su ámbito funcional la representación institucional. Por este motivo, el personal eventual no dispone de los que la Ley 19/2014 denomina agenda oficial, que se refiere únicamente a los que tienen condición de alto cargo o autoridad”.
'Cienmileurista' con agenda oculta
Esta es la respuesta que siempre recibió la exdiputada de Ciudadanos, Susana Bertrán, cuando reclamó la agenda de actividades de los cargos eventuales en general y, en particular, de Alay ya que, según recordaba, cobra del erario público “un sueldo elevado teniendo en cuenta que no se sabe qué hace y además no está sometido a control parlamentario”. Según Bertrán, la citada Ley 19/2014 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno consagra un principio de publicidad activa, según la cual “ningún cargo público puede quedar exento de justificar su agenda de actividades y mucho menos eludir el control político del Parlament”. La exdiputada también pidió que Alay compareciera anualmente en el Parlament y que se publicaran los viajes al extranjero de los altos cargos en el Portal de la Transparencia.
En este sentido, el Govern remitió siempre, en el caso de Alay, a la memoria anual de la oficina de los expresidentes, donde se describen las actividades realizadas en el correspondiente ejercicio. Pero esas memorias solo aportan gastos totales sobre desplazamientos, alojamientos, manutención, transporte, almuerzos protocolarios y otros que no desglosan el beneficiario de esas partidas. Un total de 5.531 euros en 2020 fue el gasto reportado en 2020 por la oficina del expresidente fugado, mientras que en 2019, ascendió a 41.134 euros, según consta en la web de la Generalitat. En esa última memoria aparecen las entrevistas que Puigdemont hizo con Komsomolskaya Pravda, Sputniknews y Russia Today, entre otras medios extranjeros. Alay siempre ha mantenido que sus contactos rusos tenían como finalidad preparar los viajes de Puigdemont a ese país.