La CUP da pasos lentos, pero firmes, en su intento de cambiar el modelo policial catalán. A las concesiones hechas ya por la Consejería de Interior en virtud de los acuerdos de investidura con los antisistema se suma ahora el posible acceso a los trabajos, muy sensibles, de la unidad de información de los Mossos d’Esquadra, a cambio de que los antisistema no apoyen la comisión de investigación sobre la reciente purga en la policía autonómica que reclama la oposición.
La Comisaría General de Información se dedica a investigar organizaciones criminales, así como a la recogida y tratamiento de la información referente a esas redes. Hasta ahora, las actividades de esta unidad eran secretas, debido al material sensible que manejan los agentes que forman parte de ella. Pero desde la CUP han puesto el foco en estas actividades, a las que hace extensivas sus peticiones de transparencia. De hecho, la Comisión de Estudio sobre el Modelo Policial, creada en el Parlament como fruto de las negociaciones entre ERC y la CUP, persigue indagar en esas actividades, que desde el pasado mes de enero comanda Carles Fernández en sustitución de Xavier Porcuna. De esta comisaría depende la Unidad Central de Información en Orden Público, que se dedica a investigar las estructuras organizadas de las personas integrantes y asistentes a actos que derivan en desórdenes públicos, como es el caso de los CDR (Comités de Defensa de la República).
Josep Lluís Trapero, exmayor de los Mossos, en una comparecencia pública anterior / EFE
Reestructuración política
En efecto, la Comisaría de Información es una de las unidades renovadas por el consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, en el marco de una amplísima reestructuración de la cúpula policial catalana que la oposición calificó de purga. Los cambios arrancaron con la destitución de Josep Lluís Trapero como jefe de los Mossos y también se llevaron por delante al responsable de la Comisaría Central de Investigación Criminal, Toni Rodríguez. Un área con competencias en la lucha contra la corrupción dependiente de jueces y fiscales que, según explicó Crónica Global, ningún mando de los Mossos d’Esquadra se había atrevido a controlar. Ni el propio Trapero. Rodríguez había dirigido investigaciones que afectaban a Laura Borràs, Miquel Buch y CDC, de ahí que esa amplia renovación, que afectó a una treintena de cargos, hiciera saltar todas las alarmas políticas y también policiales, pues los sindicatos advertían de un nuevo intento de instrumentalización del cuerpo, tras las convulsas escenas vividas en los momentos álgidos del procés.
A nivel parlamentario, PSC, PP, Ciudadanos y Vox han pedido la creación de una comisión de investigación sobre los cambios en la cúpula de Mossos. Según fuentes de la oposición, los grupos que dan apoyo al Govern, contrarios a esa iniciativa, “han pedido todas las prórrogas que les permite el reglamento del Parlament. Mañana viernes se acaba la última y la propuesta podrá incluirse ya en la orden del día de un pleno”.
Pero los partidos que sí apoyan esa comisión temen un nuevo toma y daca entre Esquerra y CUP, esto es, nuevas concesiones a los antisistema para que voten en contra. De hecho, el Govern está haciendo concesiones a sus socios de investidura en materia de orden público y desahucios, concretamente respecto a la regulación de la intervención de los antidisturbios.
Cargas de Mossos durante un desahucio en el Raval / SINDICAT RAVAL
La mano de la CUP
Pero ahora, el foco está en esa unidad de información. No en vano, los cupaires, que presiden la comisión sobre el nuevo modelo policial, se han propuesto hacer "la auditoría más grande del modelo policial que la Consejería de Interior nunca llegó a hacer”, según palabras de la diputada de la CUP Dolors Sabater, quien resumió los objetivos de esa fiscalización en varios bloques: estudiar el seguimiento de activistas políticos, las bases de información y los sistemas de vigilancia; la revisión del modelo de orden público; la transparencia en la información interna del Departamento de Interior y cuerpos policiales; y finalmente, los mecanismos de control y de investigación a los cuerpos policiales.
Si prospera, la fiscalización de las labores de información de los Mossos se sumaría a otros logros de los antisistema durante este primer año de mandato de ERC. Destaca la decisión de centralizar los servicios jurídicos hasta ahora existentes en la Consejería de Interior en el Departamento de Presidencia. El objetivo no era otro que filtrar las causas judiciales con la finalidad de evitar que el Govern entre en colisión con el activismo independentista en procesos donde los agentes han sufrido agresiones ejerciendo sus tareas de seguridad. La medida se oficializó el 3 de agosto mediante un decreto de reestructuración.
El director de Mossos d'esquadra, Pere Ferrer / EUROPA PRESS
Nueva división de Escoltas
En ese mismo documento se daba luz verde a la creación de una nueva división de escoltas, medida anunciada junto a la supuesta disolución de la polémica guardia pretoriana de Quim Torra, una unidad creada el 17 de junio de 2020 bajo el nombre de Área de Seguridad Institucional (ASI) e integrada por 70 agentes que, a diferencia del resto de grupos del cuerpo, no dependía de la prefectura ni estaba vinculada a la estructura jerárquica de los Mossos. Pertenecía funcionalmente al Departamento de Presidencia.
Pero la ASI no quedó disuelta, sino tapada por esa división de escoltas que se mantiene al margen del organigrama de los Mossos y que depende del director general de la Policía, Pere Ferrer. Uno de los pocos sobrevivientes de la purga aplicada por Elena.