La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pasado de pedir "explicaciones" a varios partidos y Administraciones por diversos asuntos a tratar de no darlas ante el juez por su imputación por delitos como presunta malversación y prevaricación, entre otros, por las subvenciones del ayuntamiento a entidades como Observatori Desc, donde trabajó la propia edil antes de entrar en política.
Alertan de ello fuentes jurídicas, recordando que la munícipe ofreció a sus abogados --entre los que se encuentra la ilustre penalista Olga Tubau, que consiguió exonerar al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero-- "dar explicaciones" al juez de la sala de Primera Instancia número 21 de Barcelona, Ignacio Sánchez García-Porrero. Pero su voluntad de aclarar las ayudas públicas a Desc, la PAH y la Alianza contra Pobreza Energética choca con los hechos, por cuanto su equipo legal recurrió el auto de admisión de la querella. El juez la ha desestimado y mantiene su declaración como investigada para el próximo 4 de marzo.
Trata de eludir la fotografía del juzgado
Preguntado por la cuestión, un portavoz del Ayuntamiento de Barcelona informó a este medio que no disponía del recurso presentado por los letrados de la alcaldesa para buscar evitar la declaración del 4 de marzo. Al cierre de esta edición, desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) confirmaron que la sala de Instrucción número 21 mantiene como imputada a Colau desestimando el recurso contra el auto de admisión.
Janet Sanz (c), en la Ciudad de la Justicia / CG
De hecho, y según lo avanzado por El Periódico, el togado no admite el escrito municipal por tratarse de una "declaración exculpatoria", pese a que la propia citada podría aportar la información de viva voz en sede judicial el día de su declaración. Desde el mundo jurídico se cree que la alcaldesa busca evitar la fotografía entrando como investigada en la Ciudad de la Justicia de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Sería la segunda vez, pues la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, ya declaró en esta condición en 2021 por el caso Buenos Aires.
Fiscalía citó lo "administrativo"
Otro de los argumentos que no da por válidos el juez titular es que el hecho de que la Fiscalía Provincial de Barcelona archivara una querella anterior de Abogados por la Constitución no impide que se inicie otra investigación. En efecto, el ministerio público dejó en nada unas pesquisas anteriores lanzadas por una querella por las ayudas a Desc, PAH y APE. No apreció delito.
Aunque también es cierto que el fiscal anticorrupción de Barcelona Luis García Cantón detectó conductas presuntamente reprochables de Colau y otros exconcejales o electos aún en servicio público, como Eloi Badia, por no haber acatado el "deber de la abstención" en la concesión de pagos a las asociaciones civiles en las que trabajaron. Las posibles anomalías, agregó García Cantón, deberían dirimirse en la jurisdicción contencioso-administrativa.
El interventor avisó
Por otro lado y como explicó este medio, el interventor municipal avisó al gobierno municipal anterior de que las subvenciones a Desc, PAH y APE por convenio bianual tenían carácter recurrente. Pese a que se tenían que haber incluido en las convocatorias de subvenciones con concurrencia, el equipo de Colau desoyó y subvencionó a estas y otras agrupaciones de forma continuada por medio de convenio, eludiendo la concurrencia, como explicó Crónica Global.
Todo ello podría haber sido explicado por la propia Ada Colau en sede judicial el próximo 4 de marzo, en un esfuerzo de transparencia que dejara claro que, como ha mantenido ella públicamente, los hechos investigados no son constitutivos de delito. Pero su equipo legal trató de recurrir el auto de admisión de la querella y, de paso, tumbar la imputación judicial de la edil.
Peticiones de transparencia
El ejercicio de Colau y su equipo jurídico, por bien que legítimo desde el punto de vista legal, es políticamente controvertido. Máxime cuando se tiene en cuenta de que la munícipe se ha caracterizado por pedir "explicaciones" a otras Administraciones e instancias en momentos muy diversos, cuando ha considerado que la ciudad las necesitaba.
El teniente de alcalde de Cultura de Barcelona, Jordi Martí / DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
Siempre en el plano político, también es cierto que Colau ha evitado ciertas situaciones tensas cuando era ella a la que pedían explicaciones. En siete años de gobierno de la Ciudad Condal, la munícipe no ha comparecido en comisión municipal para abordar temas. No tiene la obligación de hacerlo, pero la oposición se lo había exigido. Como, por ejemplo, en el polémico concierto de los tejados para celebrar el fin del coronavirus en 2020. La jefa de corporación delegó en Jordi Martí, el concejal económico de BComú, su partido.
La clave: ¿votó Colau las subvenciones a su exempleador?
Sea como fuere, desde el mundo jurídico se cree que el procedimiento por las subvenciones difícilmente llegará a juicio, y mucho menos en condena. Por el contrario, sí hay más debate en el rol que jugaron Colau y los concejales que trabajaron para Desc cuando tocó votar las subvenciones a la entidad tras haberla dejado y entrar en política, como señaló Crónica Global.
Si se cumplió el deber de abstención o no importa porque vulneraría el Código Ético del Ayuntamiento de Barcelona. Si se determinara que se quebró el documento de buenas prácticas, sería otro incumplimiento tras los casos de Gala Pin, que fichó por Goteo tras recibir esta asociación subvenciones municipales, y el fichaje de la pareja de Lucía Martín, concejal de Vivienda y Rehabilitación. Ambas pertenecen a BComú, el partido de la alcaldesa.